Es inexplicable que en el Estado de México se proponga la creación de nuevos impuestos luego de pandemia y enfrentando una de las épocas más complicadas en materia económica y de sobrevivencia de negocios por lo que de ser aprobadas, veríamos un fenómeno de mayor crecimiento de la informalidad en la entidad.
Así lo externaron Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México; Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México y Javier Eli Domínguez, presidente de la Academia Fiscal, quienes explicaron que aunque no es ilegal, hay cuestionamientos fiscales de este sobre todo a los pequeños y medianos empresarios y prestadores de servicios profesionales.
Laura González Hernández aseguró que este tipo de acciones representan una sobre carga y falta de certeza hacia los empresarios, siendo esto un aspecto negativo que podría evitar que las empresas vean a esta entidad como facilitadora y empática a la inversión.
“Este es el momento más delicado en el que tendríamos que visualizar todos acciones que traigan recuperación al estado, por eso justo ahora estamos en contra de cualquier impuesto por cualquier motivo. Estos tiempos difíciles son de incentivos a la recuperación y no de impuestos”.
Destacó que tan solo uno de estos impuestos que es el cedular va dirigido para quienes estén registrados como prestadores de servicios profesionales y/o con actividad empresarial, impactará por lo menos a 500 mil personas que trabajan con esta modalidad y luchan por sobrevivir ante el impacto de la pandemia por lo que se prevén dos escenarios; el cierre de estos negocios o trabajar de manera informal porque no tienen condiciones para hacer frente a estas nuevas imposiciones.
Destacó que actualmente, los partidos que se han sumado y abiertamente han apoyado al sector empresarial son, Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena; Acción Nacional se ha mostrado solidario y con apoyo al sector, el Revolucionario Institucional ha permanecido abierto al diálogo.
“Ojalá que esta apertura, diálogo y apoyo con el sector se vean reflejadas en la decisión final”.
El presidente del Colegio de Abogados explicó que por ahora iniciarán con los exhortos y apelando a la sensatez de los diputados locales y evitar la aprobación de estos nuevos impuestos planteados por el Ejecutivo pero de ser aprobados, iniciarán con los amparos.
“No podemos empezar con los amparos porque tiene que afectar ya de manera legal la aplicación de ellos para poder poner los amparos, cuando se dé la aprobación de los impuestos entonces si ya podemos iniciar con las estrategias jurídicas correspondientes”.
Finalmente, Javier Eli Domínguez destacó que estos impuestos representan una violación a los derechos constitucionales pues significan una gran carga tributaria no justificada y son argumentos que se harán valer en su momento.
“Ya de entrada, que graven al 100 por ciento una tasa del cinco por ciento es violatoria del principio de proporcionalidad, seguido de esto la exposición de motivos carece de razón, no tiene una debida fundamentación y parecieran ideas al aire y que intentan justificar de manera poco claro y no soportados”.
Advirtieron violaciones a principios proporcionales de la contribución porque ya se paga a la federación el impuesto sobre la renta y esto significa un doble gravamen a la misma base y son los principios que están violando, por lo que consideró hay argumentos más que suficientes para soportar los amparos si es necesario que lleguen a esto.