“El hecho de que la Conferencia de La Haya eligiera al Estado de México como sede, es significativo para nuestra entidad y para nuestro Poder Judicial, nos permite proyectar que […] la confianza de los organismos internacionales en la entidad es patente”, expresó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al inaugurar la Reunión Latinoamericana de Autoridades Centrales y Jueces de la Red Internacional de Jueces de La Haya de 18 países del continente.
Ante Laura Martínez Mora, Primera Secretaria de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Vanessa Calva Ruiz, Directora General de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México SRE e Ignacio Goicoechea, Representante para América Latina y el Caribe, el Magistrado Presidente reiteró la disposición del PJEdomex para colaborar en encuentros como este, que reúne a autoridades centrales, juezas y jueces de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Subrayó que el Derecho Internacional Privado no debe entenderse únicamente como un conjunto de normas o tratados distantes, sino como un instrumento al servicio de las personas, sostuvo que esta perspectiva adquiere una dimensión aún mayor cuando se trata de la protección de niñas, niños y adolescentes.
Macedo García indicó que el trabajo desarrollado trasciende las fronteras y contribuye a generar confianza entre países. Añadió que la aplicación de los tratados internacionales en asuntos que involucran a las infancias requiere coordinación, diálogo y resultados concretos para responder a las necesidades de la sociedad.
Por su parte, Vanessa Calva Ruiz, Directora General de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refrendó el compromiso de México con los principios y obligaciones establecidos en los tratados internacionales, en materia de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes.
Refirió que detrás de cada expediente, proceso judicial o encuentro institucional existe una niña, niño o adolescente en una situación que puede implicar incertidumbre y vulnerabilidad, por lo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de continuar desarrollando mecanismos de colaboración que permitan responder con diligencia y sensibilidad ante fenómenos como la sustracción internacional.
En este sentido, la Primera Secretaria de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Laura Martínez Mora, señaló que la reunión permitirá dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de la Octava Reunión de la Comisión Especial, celebrada en La Haya en 2023, revisar su implementación, conocer buenas prácticas e identificar los desafíos que permanecen.
Martínez Mora indicó que durante los trabajos también se analizarán los resultados de los foros relacionados con violencia doméstica y la aplicación del artículo 13, apartado 1, inciso b), del Convenio sobre Sustracción de Niños, realizados en Sudáfrica en 2024 y Brasil en 2025. Explicó que el propósito es contribuir a optimizar el funcionamiento de los Convenios de La Haya de 1980, sobre sustracción internacional de niños, y de 1996, relativo a la protección de niños, así como favorecer la cooperación entre las autoridades de los países participantes.
Explicó que uno de los principios centrales del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores consiste en que el traslado o retención ilícita no altere la competencia de las autoridades del lugar de residencia habitual para resolver las controversias de fondo sobre custodia. Para ello, añadió, se requieren autoridades capaces de comunicarse y cooperar eficazmente a través de las fronteras.
En su oportunidad, el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, destacó que la cooperación jurídica entre países es indispensable para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, particularmente frente a fenómenos como el traslado o la retención ilícita transfronteriza.
“Lograr estos objetivos es imposible desde el aislamiento, exige de manera estricta la corresponsabilidad y la coordinación directa entre las autoridades centrales y los órganos judiciales locales”, manifestó Díaz Juárez al recordar que la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado surgió como un esfuerzo de las naciones para responder a problemáticas jurídicas que no se detienen ante las fronteras geográficas.
Asistieron al acto inaugural, la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina, magistradas y magistrados integrantes de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial, José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial, comunidad académica, juezas y jueces del PJEdomex, autoridades nacionales e internacionales, integrantes de la comunidad jurídica y personas servidoras públicas.
En el arranque de los trabajos participaron 71 personas -50 presenciales y 21 en línea- de los 18 países, entre autoridades centrales, magistradas, magistrados, juezas y jueces. Ignacio Goicoechea, Representante de la HCCH para América Latina y el Caribe, moderó la sesión en la que se compartieron expectativas y desafíos en la materia, para identificar inquietudes comunes, fortalecer vínculos y abrir espacios de colaboración que permitan mejorar el trabajo conjunto.
Posteriormente se abordó el primer tema “La urgencia en la tramitación de los casos: un desafío permanente”, enfocado en los retos para garantizar una atención oportuna en los procedimientos internacionales.