Auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reflejaron anomalías en 14 universidades y tecnológicos del Estado de México, operados por la Secretaría de Educación, y que son dirigidos por ex alcaldes, operadores y ex diputados del PRI, informó la diputada Azucena Cisneros, integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, quien exigió sanciones a los responsables de estas irregularidades en el manejo de recursos públicos, antes de que concluya el gobierno estatal en septiembre.
Las observaciones financieras se especifican en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, referente a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, y de 830.7 millones de pesos por aclarar, 119.8 mdp corresponden a Universidades Públicas Estatales.
Cisneros precisó que, para el caso del Estado de México, fueron 14 universidades públicas que recibieron recursos federales, de los cuales la ASF detectó desvío de recursos a obras, pagos no autorizados, fallas en los registros contables, en reglas de operación y en contratación de servicios o adjudicaciones.
“Los Tecnológicos y universidades estatales han sido utilizadas para el presunto desvío de recursos, como lo han establecido las diversas auditorías, pero eso debe terminar, la gente ya no quiere esas prácticas, y los maestros necesitan oportunidades de ascenso, y no estar vinculados a un partido político para poder hacerlo, porque las rectorías son premios de consolación del PRI”, afirmó la legisladora de Morena.
Algunos de los planteles con irregularidades financieras fueron la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”; Universidad Politécnica del Valle de Toluca; Universidad Politécnica del Valle de México; Universidad Mexiquense del Bicentenario; Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; Tecnológico Superior de Ecatepec; Colegio de Bachilleres del Estado de México y Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.
En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, que dirige la ex diputada federal y ex alcaldesa del PRI en Nicolas Romero, Angelina Carreño Mijares, la ASF determinó un daño al erario público por 44.4 millones de pesos, por pagos a personal administrativo y académico que no cumplió con el perfil, lo cual implicó 17.2 millones, y el no haber proporcionado la documentación comprobatoria y justificativa a cargo del subsidio federal, omisión que representó otros 16.3 millones de pesos.
El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, cuyo rector es el exalcalde de ese municipio y ex diputado local y federal del PRI, Pablo Bedolla, la auditoría reflejó que careció de cuenta bancaria para administrar recursos, y generó daño al erario público por 80 mil 900 pesos, e infringió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
A la serie de observaciones financieras se suma la Universidad Mexiquense del Bicentenario, dirigida por el ex diputado local del PRI, Juan Jaffet Millán y donde no se proporcionó el expediente del procedimiento de adjudicación, referente al contrato CB/A/7/2020, denominado «combustibles, lubricantes, aditivos y grasas”.
Mientras que en la Universidad Politécnica del Valle de México, que dirige el ex jefe de asesores del ISSEMYM, Roberto García Sevilla se realizaron pagos improcedentes por 668 mil pesos en el control de nóminas; en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, cuyo rector es José Arturo Camacho Linares, ex alcalde de Juchitepec y ex coordinador administrativo del CEN del PRI, la ASF señaló que no hubo cuenta bancaria para el manejo de recursos y hallaron diferencias en los reportes financieros.
En la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, que dirige el ex diputado local del PRI, Rodolfo Jardón, no hubo mecanismos de control para el personal reportado en nóminas, careció de procedimientos de adjudicación de adquisiciones y en la contratación de servicios; mientras que en la Universidad Tecnológica de Tecámac hubo daño a la hacienda municipal por 575 mil 800 pesos.
Adicionalmente, a las irregularidades financieras en estos planteles estatales, las designaciones de directores y rectores, de dichas instituciones, suelen favorecer a quienes han ocupado cargos de elección popular, han realizado trabajo político o administrativo en gobiernos del PRI, o son familiares vinculados a la clase política y gubernamental del PRI.
“Es lamentable que la gran mayoría de los cargos de instituciones educativas estatales sean refugios para la clase política del PRI, en lugar de ponderar y privilegiar a los profesores de carrera, dedicados a la academia, que puedan tener mayores capacidades y preparación; lo que demuestran es un gran desprecio por los docentes y que utilizan a las instituciones públicas para el pillaje y para pagar cuotas de poder, cuotas de lealtades, cuotas de camarilla”, subrayó Azucena Cisneros.