El gobierno de Venezuela afirmó hoy que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está politizado y le reclamó que se pronuncie sobre el caso del empresario colombiano Álex Saab, preso en Estados Unidos, al que calificó como “secuestro”.
El canciller venezolano, Yván Gil, condenó la supuesta “politización que pretenden seguir aplicando sectores muy específicos del Consejo”, al disertar en la segunda jornada del segmento de alto nivel del 52do. período de sesiones del organismo, en Ginebra.
Gil sostuvo que “un ejemplo tangible del desprecio por el derecho internacional y la violación de los derechos lo constituye el vil secuestro y la extradición del diplomático Álex Saab”, según la televisora estatal venezolana VTV y la agencia de noticias Europa Press.
Dijo que Saab está “injustamente detenido en Estados Unidos en el marco de un proceso ante un tribunal estadounidense que está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones”.
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El funcionario agregó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “debería pronunciarse” sobre el asunto, “por constituir un caso ignominioso de violación de los derechos humanos y la Convención de Viena”.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, cuando un avión privado en el que viajaba de Rusia a Irán realizó una escala técnica para cargar combustible, y el 16 de octubre de 2021 fue llevado a Estados Unidos.
La justicia estadounidense lo acusa de conspirar para lavar dinero y la oposición venezolana y el gobierno de Washington sostienen que actuó como testaferro del presidente Nicolás Maduro, pero esta sospecha no forma parte del proceso judicial en Estados Unidos.
El juicio se demoró porque la defensa de Saab interpuso un recurso invocando su supuesta condición de diplomático venezolano, que fue desestimado el 23 de diciembre pasado por el juez Robert Scola.
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Solo después de que fuera detenido en Cabo Verde, Caracas afirmó que Saab estaba viajando en calidad de “agente” del gobierno de Maduro y tenía estatus diplomático.
En septiembre de 2021, el gobierno chavista anunció la incorporación de Saab a su delegación en el diálogo que mantenía con la oposición en México y pocos días después, ante la imposibilidad de que ello se concretara, suspendió unilateralmente las negociaciones, que aún no se reanudaron.
Paralelamente, la revista estadounidense Newsweek dijo en un artículo publicado hoy que Washington y Caracas estarían negociando el intercambio de Saab por un grupo de estadounidenses presos en Venezuela, según se le informó a los familiares de uno de estos últimos.
En ese contexto, el gobierno de Maduro mantiene una tensa relación con el sistema de Derechos Humanos de la ONU desde que en 2017 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) comenzó a seguir de cerca la situación humanitaria en el país.
Entonces a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el Acnudh produjo dos informes públicos que tuvieron varias actualizaciones, en los que denunció decenas de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos.
En ese contexto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció en septiembre de 2019 una “misión internacional independiente de determinación de los hechos” cuyo mandato fue prorrogado por última vez, por un año, en septiembre del año pasado.
El sucesor de Bachelet desde octubre último, el austríaco Volker Türk, visitó Venezuela a fines del mes pasado, mientras recrudecían en el país denuncias de procedimientos supuestamente irregulares contra dirigentes de la oposición y periodistas independientes.
El gobierno de Venezuela mantenía presas por motivos políticos a 269 personas (de ellas, 150 militares y 13 mujeres), según el último balance de la ONG Foro Penal, publicado la semana pasada. (Télam)