La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero encabezó la videoconferencia de reformas a las leyes sobre violencia de género que ya fueron aprobadas a nivel federal, donde participaron las diputadas Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión Especial Para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios y Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género para concretarlas en la entidad mexiquense.
La Secretaría de Gobernación destacó la relevancia de que el ejercicio legislativo se replique en todas las entidades federativas, a fin de ampliar la esfera jurídica de protección que otorgan dichos derechos.
“Como Secretaria de Gobernación, y como parte de un gabinete paritario, es mi responsabilidad hacer visible todo tipo de violencia de género y garantizar la seguridad y las libertades de todas las mexicanas”, enfatizó.
Asimismo la titular de Gobernación, explicó que en México las mujeres representan el 51 por ciento del total de la población mexicana, sin embargo, los puestos de representación política, están lejos de lograr una representación efectiva de todas.
“Nos encontramos ante la lamentable violencia política en razón de género que enfrentan muchas mujeres, cuando deciden ejercer su derecho a competir por un cargo de elección popular, pues ésta se ejerce en diversas etapas: antes, durante y después del proceso electoral, e incluso, ya en el ejercicio del cargo”, refirió la funcionaria federal.
La Diputada Local Karina Labastida Sotelo destacó que son 3 leyes las que se requieren homologar en los congresos locales: “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, y la “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
En esta última, indicó la legisladora mexiquense que Edomex, Hidalgo y Oaxaca ya se regula el tema de Comunidades Indígenas en forma Paritaria, por lo que los 29 Estados restantes deberán de replicarlo. Sin embargo se debe incorporar la paridad en la conformación de organismos públicos y autoridades electorales locales.
“Negarle a una mujer la posibilidad de ocupar los espacios públicos, daña de forma directa la democracia, el tejido social y a las mujeres como ciudadanos miembros de una sociedad democrática” añadió Karina Labastida Sotelo.
La actualización del marco jurídico es el propósito de asegurar que a nivel nacional las leyes locales armonicen las reformas en materia de violencia política en razón de género.