A través de su Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertir los acuerdos para la suspensión del “Plan B” electoral.
La dependencia federal emitió un comunicado en el que aseguran que el Máximo Tribunal no debió admitir la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que la Constitución prohíbe a la Suprema Corte tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales.
“El Ejecutivo federal, por conducto de su consejería jurídica, solicitó el día de hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertir los acuerdos que, por una parte, admiten a trámite la demanda y, por otra, ordenan suspender los efectos de las leyes reglamentarias en materia electoral aprobadas por el Congreso de la Unión”, menciona la misiva.
“La SCJN no debió admitir la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que el artículo 105, fracción I, de la Constitución prohíbe al máximo tribunal tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales, como son el conjunto de normas que integran el Plan B (…) El Poder Judicial también tiene límites en su actuar, los cuales están enunciados expresamente en la Constitución y en las leyes que emite el Poder Legislativo. Se espera que el máximo tribunal constitucional revoque, tanto la admisión, como la suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, y así preservar los equilibrios entre los Poderes de la Unión”, dice.
Fue el pasado 24 de marzo cuando el ministro Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional que interpuso el instituto electoral contra el paquete de reformas.
“Ahora bien, para conceder la suspensión del ‘plan B’ se sostuvo que las leyes electorales cuestionadas ‘podrían’ (acto futuro e incierto) causar afectaciones a los derechos humanos, sin explicar cómo la entrada en vigor de la reforma ocasionaría una alteración irreparable a los derechos político-electorales de la ciudadanía, cuando es evidente que no existe un proceso electoral federal en curso y, para los comicios de Coahuila y México no tiene aplicación esta reforma, por lo cual no existen elementos objetivos que permitan presumir que la modificación administrativa al INE amenazaba la funcionalidad de nuestro régimen democrático”, añaden.
En la solicitud mencionaron que en toda la historia de la SCJN jamás había ocurrido que un solo juez suspendiera la vigencia de cuatro leyes y que forma unilateral, ordenara “revivir” las disposiciones modificadas por el Congreso de la Unión.