El síndico municipal de Chapa de Mota, Antonio García Pérez, denunció públicamente una serie de irregularidades dentro del ayuntamiento, encabezado por la presidenta municipal. Entre sus señalamientos destacan omisiones, abuso de poder y una obstrucción sistemática a sus funciones como integrante del cabildo.
En entrevista, García Pérez informó que ha presentado diez demandas ante el Tribunal Electoral del Estado de México, por presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. “Estas acciones legales no obedecen a caprichos ni intereses personales”, afirmó. “Son respuesta a la constante negativa de entregarme información esencial para ejercer mis responsabilidades como síndico”.
Uno de los casos más graves, dijo, fue la negativa a proporcionarle el presupuesto municipal, documento que está obligado por ley a revisar y firmar. El Tribunal Electoral ya resolvió a su favor y ordenó al ayuntamiento entregarle el documento. Sin embargo, aún hay siete demandas más en curso, relacionadas con la falta de transparencia en temas clave como:
El destino de recursos federales y estatales de enero y febrero.
La nómina actualizada del ayuntamiento.
Pagos por laudos y finiquitos.
El presupuesto asignado a la sindicatura.
El síndico también denunció hostigamiento contra su equipo de trabajo, incluyendo despidos arbitrarios y presiones para forzar renuncias o actos contrarios a la ley.
Además, reveló que las oficinas de la sindicatura fueron irrumpidas sin autorización, y que se analiza presentar una denuncia penal por la posible falsificación de documentos oficiales. “Estos actos no solo son opacos, sino también ilegales. Habría responsabilidades administrativas y penales que deben investigarse”, advirtió.
García Pérez responsabilizó directamente a la presidenta municipal por incumplir con su obligación de presentar el presupuesto 2025 para su revisión, hecho que también fue sancionado por el Tribunal Electoral.
“La sindicatura no puede ser anulada por voluntad política. Está en juego el cumplimiento del mandato constitucional que rige al ayuntamiento. Hago un llamado a cesar las prácticas de opacidad y a respetar la legalidad”, concluyó.
La situación al interior del cabildo podría escalar en los próximos días, con posibles denuncias penales, mientras el Tribunal Electoral del Estado de México continúa analizando los casos pendientes.