La falta de acceso a documentación oficial y el retiro de recursos humanos y materiales llevaron a la síndica de San Felipe del Progreso, Patricia Eugenia González Alcántara, a promover 31 juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), instancia que determinó la existencia de violencia política en su contra.
La resolución, emitida el pasado 2 de julio de 2026, señala como responsables al presidente municipal Jaime Torres Marín, al secretario del Ayuntamiento, al tesorero y al director de Administración.
González Alcántara explicó que el origen de los procedimientos está en las dificultades que, asegura, enfrentó para obtener información indispensable para sus funciones, como actas de Cabildo, presupuesto, cuenta pública, informes financieros, participaciones, datos de obra pública y nómina.
La síndica sostuvo que no se trata de una confrontación personal, sino de la necesidad de contar con elementos para cumplir con sus responsabilidades de vigilancia de la hacienda pública, fiscalización de recursos y protección del patrimonio municipal.
La funcionaria afirmó que el problema fue creciendo con el paso del tiempo. A la negativa para proporcionarle información se sumó, el retiro del personal que apoyaba en su oficina y del vehículo que utilizaba para sus labores.
Actualmente, aseguró, trabaja sin colaboradores y con carencias de insumos básicos, situación que incluso la llevó a solicitar durante meses una impresora.
Mientras el TEEM ya se pronunció sobre la existencia de violencia política, permanece pendiente otra resolución.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) analiza una denuncia para establecer si las conductas denunciadas también constituyen violencia política en razón de género.
La investigación alcanza al alcalde, integrantes del Cabildo y funcionarios de áreas administrativas del Ayuntamiento.
González Alcántara descartó que el conflicto tenga una motivación partidista y afirmó que su objetivo es ejercer las facultades que le corresponden como síndica.
Por lo que la funcionaria aseguró que continuará recorriendo las comunidades y atendiendo a la ciudadanía. “No tengo personal que me auxilie, pero eso no me impide hacer mi trabajo”, afirmó.
Con la resolución del TEEM ya emitida, el siguiente punto de atención será el procedimiento que mantiene abierto el IEEM y que determinará si, además de la violencia política acreditada, existió violencia política contra las mujeres en razón de género.