La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de sanciones administrativas contra 13 personas servidoras públicas adscritas a nueve dependencias y entidades del Gobierno de México, luego de acreditar faltas administrativas catalogadas como no graves.
Las resoluciones fueron emitidas por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control, como resultado de investigaciones realizadas con base en la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las sanciones incluyen suspensiones temporales, inhabilitaciones y amonestaciones, derivadas de conductas como omisiones en el desempeño de funciones, incumplimiento de procedimientos, negligencia en la prestación de servicios públicos y manejo indebido de información confidencial.
Entre los casos reportados, Petróleos Mexicanos suspendió durante 30 días a dos servidoras públicas por no atender oportunamente el trámite de prestaciones laborales por fallecimiento de un trabajador. En la Comisión Federal de Electricidad, un funcionario fue suspendido 15 días por registrar solicitudes de contratación sin tener atribuciones para ello.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social, un médico del Hospital General Regional No. 1 de Querétaro fue inhabilitado por tres meses debido a omisiones en la atención médica de un paciente que posteriormente perdió la vida. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional aplicó una amonestación privada por deficiencias en la integración de un expediente clínico.
Asimismo, el Sistema Nacional DIF suspendió durante 15 días a una trabajadora de un centro de asistencia social por incurrir en maltrato contra un menor. En la Agencia Nacional de Aduanas de México, tres servidores públicos recibieron la misma sanción por no realizar una revisión completa del equipaje de pasajeros internacionales.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado sancionó a dos funcionarios por suscribir un convenio que rebasó el monto autorizado en un contrato, mientras que la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo impuso dos suspensiones a un servidor público por irregularidades en adecuaciones presupuestarias.
Por su parte, la Secretaría de Salud emitió una amonestación pública contra una funcionaria por entregar documentación que contenía información confidencial.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones mediante los mecanismos legales previstos en la normativa vigente.