Cuba reiteró este martes su política de tolerancia cero respecto a cualquier modalidad de trata de personas y confirmá la continuidad de acciones de prevención y enfrentamiento a ese flagelo y delitos asociados.
En el Informe Nacional de Cuba sobre Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y Protección a las Víctimas, del año 2022, publicado por la Cancillería, se destaca la ejecución de un plan de acción nacional hasta el 2024 para coordinar la actuación del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Según el texto, los diversos actores gubernamentales involucrados mantienen la capacitación como uno de los elementos esenciales para aumentar la percepción de riesgo respecto a ese fenómeno.
Igualmente, han continuado las acciones de cooperación y el intercambio oportuno de información con las organizaciones internacionales, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países de la región y europeos, en aras de garantizar el enfrentamiento efectivo.
Como ejemplo, se menciona la cooperación entre el Ministerio del Interior de Cuba y la Interpol para detectar el uso de las redes sociales en la posible comisión de delitos asociados con pornografía infantil y abuso sexual de menores.
En el año previo se mantuvo la atención especializada a las víctimas de trata identificadas en el informe anterior, así como a aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, en particular niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
En el período referido, se juzgaron seis casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas. La cifra, subraya el informe, muestra la baja incidencia de este delito en el territorio nacional.
Agrega que se identificó a seis víctimas: cinco niñas menores y una mujer. Asimismo, las sanciones penales para los victimarios están en el rango de cinco a 15 años de privación de libertad.
La Cancillería señala en el informe que las acciones conjuntas de las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil son un pilar en la prevención de este flagelo, junto a los instrumentos jurídicos vigentes en el país, que permiten enfrentarlo.
Para la atención a las víctimas existen tres centros de protección a niños y adolescentes en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara, con equipos multidisciplinarios altamente calificados.
Se realizaron más de 7 000 acciones de protección a menores de edad para prevenir la ocurrencia de hechos en que puedan ser víctimas de abusos sexuales.