El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio un nuevo paso dirigido a darle al sector estatal un mayor control sobre las industrias energéticas al promover una reforma a la ley de hidrocarburos que ha desatado preocupación entre los inversionistas privados.
López Obrador salió el lunes en defensa del proyecto de decreto para reformar de la ley de hidrocarburos, que introdujo a finales de la semana pasada en el Congreso asegurando que su iniciativa busca “poner orden” y que “se acaba la robadera”.
El gobernante afirmó que su propuesta, que contempla cambios en seis artículos, está destinada a combatir el contrabando de combustibles, que se estima que afecta 40% de las ventas de la industria estatal, y regular los permisos de importación de gasolina y diésel para ir hacia un esquema de eliminación de compras externas.
México solo permitió estaciones de servicio privadas a partir de 2016, y rápidamente tomaron una gran parte del mercado de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
López Obrador alegó que algunas de las empresas privadas que ingresaron al mercado habían importado gasolina sin pagar impuestos. “Ya no vamos a vender crudo porque lo vamos a procesar todo en nuestro país y vamos a producir toda la gasolina que consumimos”, sostuvo.
La propuesta de reforma plantea que las actividades sujetas a los permisos que otorguen las autoridades pueden ser susceptibles de suspensión cuando exista “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó el lunes que el proyecto representaría una “clara violación a la constitución y a los tratados comerciales internacionales”, y dijo en un comunicado que de concretarse los cambios se “afectaría el ya deteriorado clima de inversión” que aseguran que se ha agravado tras la reforma del sector eléctrico, también impulsada por López Obrador, que fue paralizada este mes por las decisiones de algunos tribunales.
Asimismo, el IMCO indicó que la propuesta de reforma “amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos” para beneficiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del partido oficialista Morena en el Senado, dijo a la prensa que las modificaciones están orientadas a “ordenar” el sector a través de mayores controles en el otorgamiento de permisos. Monreal negó que las reformas representen una “expropiación disfrazada” o una nacionalización de la industria petrolera.
Al referirse a los aspectos claves de la propuesta, el senador dijo que se contempla que las empresas que quieran obtener un permiso deben tener la capacidad de almacenamiento instalada que determine la autoridad conforme a las disposiciones jurídicas.
Asimismo, Monreal señaló que la iniciativa propone que la autoridad que expida el permiso pueda llevar a cabo la suspensión de las instalaciones y se elimina la posibilidad de contratar a terceros para manejar y controlar las instalaciones ocupadas o intervenidas.