La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 62 años y 6 meses de prisión para Miguel Ángel Ortiz de la Portilla Valencia, alias «Farruco» y Griselda Colín Salinas, alias «La Flaca», tras acreditar su intervención en el delito de extorsión, ilícito perpetrado en el municipio de Metepec.
En el mes de octubre de 2022, Miguel Ángel Ortiz de la Portilla Valencia y Griselda Colín Salinas, identificados como integrantes de grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán, en complicidad con otros miembros de alto nivel dentro de la estructura criminal de esta misma célula, solicitaron dinero a la víctima a cambio de no causarle daño a su familia.
De las indagatorias llevadas a cabo por esta Institución fue posible determinar que el 21 de octubre del año pasado, la víctima fue interceptada por los hoy sentenciados y tres sujetos más, cuando viajaba a bordo de un vehículo en calles de la colonia San Gaspar Tlahuelilpan, en el municipio de Metepec.
En esa ocasión los implicados tripulaban un automóvil tipo BMW y otro tipo Focus, con los que le impidieron el paso a la víctima y le exigieron la entrega de efectivo, que anteriormente ya le habían solicitado a través de llamadas telefónicas.
Los hechos referidos fueron denunciados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación respectiva por el delito de extorsión y con el avance en la indagatoria fue posible identificar a Miguel Ángel y Griselda como responsables de este ilícito, por ello el Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en su contra.
En el mes de noviembre de 2022 elementos de la Policía de Investigación aprehendieron a ambas personas y las ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez a disposición de un Juez, quien, tras proceso legal, les dictó esta sentencia de condena.
Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán pagar multa de 377 mil 663 pesos, la cantidad de 96 mil 220 pesos como reparación del daño moral y 20 mil pesos por concepto de daño material, en tanto que sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.