Al advertir que las personas menores de edad en situación de calle constituyen una de las expresiones más graves de exclusión social, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) propuso que los gobiernos estatal y municipales establezcan protocolos que garanticen su acceso a programas, servicios y apoyos institucionales.
Lo anterior se implementaría a través de la Secretaría de Bienestar y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), en coordinación con los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia y los ayuntamientos, para dar atención, canalización, derivación y seguimiento de niñas, niños y adolescentes sin hogar, bajo el principio del interés superior de la niñez.
La propuesta para modificar la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México expuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense indica que dichos protocolos deberán contemplar mecanismos de actuación interinstitucional, protección integral, no revictimización y respeto a los derechos humanos.
Durante la lectura del documento, la legisladora expresó que, en la entidad, la primera aproximación institucional hacia este grupo poblacional en situación de calle ocurre generalmente en el ámbito municipal a través del personal de los sistemas para el desarrollo integral de la familia, trabajo social o autoridades de proximidad en el ejercicio ordinario de sus funciones.
Sin embargo, agregó, la ausencia de una ruta jurídica clara provoca que muchos de estos contactos no se traduzcan en canalizaciones efectivas, generando vacíos de responsabilidad y casos inconclusos.
“La presente iniciativa no crea un programa social, no establece patrones, no impone plazos, no genera gasto adicional ni invade competencias, sino que introduce en la ley un mecanismo administrativo de coordinación cuyo único objetivo es ordenar lo que ocurre de facto en el contacto institucional con niñas, niños y adolescentes en situación de calle”, precisó en tribuna.
Añadió que los protocolos propuestos se activan únicamente a partir de un contacto no coercitivo derivado de la presencia territorial ordinaria de autoridades o de reportes ciudadanos canalizados a instancias de protección.
Puntualizó que los ayuntamientos designarán a la instancia municipal responsable de coordinar la implementación de los protocolos de atención a las personas menores, así como de dar seguimiento a los casos detectados en su ámbito territorial.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar, en conjunto con el DIFEM, difundirá los protocolos, brindará acompañamiento técnico a los municipios y dará seguimiento a su cumplimiento, utilizando los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, sin generar gasto público adicional.
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