El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo), ha realizado, en lo que va de la administración, 2 mil 700 asesorías jurídicas y ha logrado la resolución de 423 casos de trámites ejidales y comunales mediante la participación en 286 ediciones de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, acción insignia, impulsada por la Consejería Jurídica; con ello, se apoya a los propietarios de la tierra a agilizar procesos frente a la Procuraduría Agraria.
Además, la SeCampo también otorga a ejidos, comunidades y personas con derechos sobre la tierra, capacitación y gestión gratuita de constancias de vigencia de derechos, con reducción de costos y tiempos de atención en otras instituciones del sector como el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
Así lo señaló María Eugenia Rojano Valdés, titular de la SeCampo, ante Víctor Suárez Cabrera, Procurador Agrario, al participar en el primer encuentro Estatal de Centros de Atención de la Procuraduría Agraria realizado en Zinacantepec; donde refrendó el compromiso del Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez en el rescate, la defensa y la revalorización de la propiedad social en coordinación con el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En este espacio, Rojano Valdés resaltó que, a partir de la actual administración, la Secretaría del Campo tiene entre sus atribuciones coadyuvar en la resolución de conflictos agrarios y brindar acompañamiento jurídico para solucionar los rezagos históricos en la materia. Además, reconoció el trabajo territorial de la Procuraduría Agraria en el Estado de México al pasar de seis oficinas permanentes a 43 centros de atención.
Mientras que Suárez Carrera destacó que la transformación de esta Procuraduría implica dejar atrás el modelo de abandono y privatización para construir una institución de territorio, basada en los principios de honestidad, servicio y cercanía con los núcleos agrarios.
Al evento asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, entre ellos, autoridades de la Sedatu; Gonzalo Gabriel Estrada, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de México; Alejandro Sánchez, Director General de Probosque; Rafael Gatica, representante del Registro Agrario Nacional en el Estado de México; así como las y los presidentes municipales de Soyaniquilpan, Temoaya y San Felipe del Progreso.