El secretario del Ayuntamiento de Toluca, Carlos Sánchez Sánchez señaló que sería muy lamentable que se ponga a trabajar algunas instituciones con tintes electorales agilizando procesos jurídicos y juicios con la finalidad de realizar embates mediáticos contra algunos candidatos, pues se ha notado un incremento de asuntos atendidos en las recientes semanas.
“Ojalá que solo sea un tema de eficiencia y no un encargo político para dañar a alguien” señaló el secretario.
Abundó que hace una semana un medio de comunicación publicó lo que dice ser una resolución en contra del ayuntamiento de Toluca, por lo que pareciera que los tribunales están notificando primero a terceros que, al mismo gobierno municipal, lo cual, es irregular a todas luces y le quita seriedad al proceso jurídico, porque lo hace político y mediático sin dejar de señalar que pudiera ser dolosa cualquier filtración de un proceso judicial.
Carlos Sánchez indicó que, se habla de una demanda generada por un contrato hecho en la administración de María Elena Barrera Tapia en 2010, con una empresa a la que no se le cumplió y demandó en el periodo de Martha Hilda González Calderón, pero donde curiosamente no hubo defensa jurídica al respecto, en otras palabras, se dejó perder el juicio por una defensa omisa.
“Porque no se trató de un caso donde hubo una mala argumentación o defensa errónea del tema, sino una completa omisión al respecto, como si se quisiera perder a todas luces”, agregó.
El secretario del ayuntamiento sostuvo que dicha demanda se fue dejando perder y luego se le fue dando largas para que ahora se exija el pago, pero ya hay un amparo de por medio que podría resultar favorable para el gobierno de la capital mexiquense y con ello, poner orden estos casos abusivos heredados de administraciones pasadas.
Como funcionario municipal sentenció que mucho se habla de las demandas laborales en contra del ayuntamiento de Toluca, pero poco se dice que el 80 por ciento de las mismas son producto de juicios de las tres administraciones anteriores e incluso muchos de los demandantes son personal de confianza, mandos medios y superiores que no tienen razón de ser por ese aspecto.
Finalmente Carlos Sánchez destacó que las instituciones jurídicas no pueden prestarse a embates políticos porque pierden la seriedad de sus actuaciones, y las filtraciones dolosas a los medios de comunicación solo dejan más dudas que certezas de la objetividad e imparcialidad que espera la ciudadanía.