Con base en la ley, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó estar en desacato por la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma constitucional en materia judicial.
Enfatizó que quien desacata las normas es la jueza Nancy Juárez Salas, que en días pasados concedió una suspensión en la que ordenó a la mandataria retirar la reforma del Poder Judicial del DOF, con lo que violó el artículo 61 de la Ley de Amparo.
La fracción I de ese apartado, detalló la jefa del Ejecutivo en su mañanera de ayer, asienta que «el juicio de amparo es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
El 17 de octubre, la jueza Juárez Salas, del decimonoveno juzgado de distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, otorgó una suspensión para que se elimine la reforma judicial y dio 24 horas a la Presidenta para cumplirlo. En caso de no hacerlo, advirtió que daría vista al Ministerio Público Federal por desacato, lo que acarrearía hasta siete años de prisión.
Al respecto, Sheinbaum indicó que hasta ayer en la mañana no había sido notificada de la resolución.
Agregó que en cuanto esto suceda la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentará una queja en contra de Juárez Salas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por contravenir la ley, y también acudirá al Congreso de la Unión para preguntar la legalidad del amparo y si es posible eliminar una reforma constitucional.
La Presidenta descartó un juicio político contra Juárez Salas y resaltó que al menos en 30 años nadie había pedido que se eliminara un contenido del DOF. Reiteró que el proceso para aprobar la reforma al Poder Judicial siguió los lineamientos marcados en el artículo 135 de la Carta Magna, en el que se establecen los procedimientos para modificar la Constitución.
“Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el estado de derecho, pues son ellos, ellas (los integrantes del Poder Judicial). ¿O qué, a poco no es claro el artículo 61? ¡Es clarísimo! (…) Es muy fácil decir: ‘la Presidenta está en desacato’. No, no estamos en desacato”, subrayó.
Pese a eso, aclaró que se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por actores que «no tienen personalidad jurídica para eso», como partidos políticos, los cuales han sido aceptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras (…) por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en él, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley.”
Rechazó que la resolución de la juzgadora represente un intento de golpe de Estado blando o guerra legal (conocida como lawfare y se ha dado desde los poderes judiciales en otras naciones de América Latina con gobiernos progresistas).
En cambio, consideró que se trata de una intentona de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros de mantener sus privilegios.
Insistió en criticar que pese al paro de labores en el Poder Judicial, los trabajadores siguen recibiendo sus salarios, aunque la Ley Federal del Trabajo asiente que cuando los empleados se van a una huelga no tengan percepciones.