Nicaragua demandó este miércoles en la Cumbre Iberoamericana la suspensión de las «injustas» sanciones internacionales impuestas contra el gobierno de Daniel Ortega tras la la represión de las protestas opositoras de 2018, por considerarlas un obstáculo en el desarrollo del país.
«Nicaragua es víctima de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e injustas que constituyen una violación a nuestra soberanía, al derecho internacional y nuestro derecho al desarrollo», reclamó el canciller Denis Moncada durante su participación virtual en la Cumbre Iberoamericana de Andorra.
Cerca de una treintena de funcionarios y familiares del presidente Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, han sido sancionadas en los últimos tres años por Estados Unidos en el marco de la ley Magnisky, que persigue a los extranjeros señalados por corrupción y violación a derechos humanos.
Washington también aplicó a Nicaragua la llamada Nica-Act, una ley que condiciona los préstamos que recibe Managua de los organismos como el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaban parte del presupuesto nicaragüense.
Canadá, por su lado, impuso en 2019 sanciones a nueve funcionarios nicaragüenses, entre ellos Murillo.
Mientras que la Unión Europea (UE) adoptó sanciones contra seis allegados del gobierno por su participación en la represión política y el deterioro de instituciones democráticas en Nicaragua.
«Es necesario poner fin y que se deroguen las medidas coercitivas unilaterales y violatorias de la carta de la ONU que obstaculizan los planes de desarrollo de nuestros países», exhortó Moncada, quien consideró que estas sanciones impedirán cumplir con las metas de desarrollo propuestas para 2030.
Según el canciller, Nicaragua es «un factor de estabilidad, paz y seguridad regional con importantes indicadores positivos en el desarrollo económico, político y social». Y refirió esfuerzos para reducir la pobreza de un 48% a 24% entre 2007, cuando Ortega retornó al poder, y 2020.
Así como una estrategia para evitar que carteles del narcotráfico se asienten en su territorio y crucen drogas hacia el norte.
Las manifestaciones opositoras, que estallaron en abril de 2018 y se prolongaron varios meses, pedían la dimisión de Ortega, quien gobierna bajo acusaciones de nepotismo, corrupción y fraudes electorales por parte de la oposición.
La represión estatal a esas protestas dejó al menos 328 muertos, según organismos humanitarios, mientras que el gobierno reconoce 200 muertos.
Ortega atribuyó la rebelión a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos.