Aunque era esperado desde hace semanas, el anuncio de la cifra por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda Preocupación entre las organizaciones de derechos humanos que exigieron al gobierno tomar acciones “urgentes” y “contundentes” para atender lo que consideraron como la “grave crisis de desapariciones e identificación humana”.
El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960-1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
“Exigimos que se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número de personas desaparecidas”, afirmó el lunes el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a varias decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas, al manifestar alarma por la cifra.
La organización exhortó al gobierno adoptar las recomendaciones que realizó el mes pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que pidió a las autoridades mexicanas tomar “medidas inmediatas” para poner fin a la “alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas”, entre ellas de niños, adolescentes y mujeres, que la consideran como una “tragedia humana”, y que aseguran que está alentada por una “absoluta impunidad”.
Tras el informe del Comité de la ONU, López Obrador defendió la actuación de su gobierno para atender la crisis de los desaparecidos y dijo que “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, la impunidad”.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales y les exigió en un comunicado que “asuman sus responsabilidades de forma cabal en materia de búsqueda e investigación, y trabajaron concertada y firmemente con las familias y otras autoridades”.
Asimismo, pidieron a la Fiscalía General de la República que avance en la creación del “Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas”, y se reconozca a los cientos de personas que buscan a sus familiares, algunos de los cuales enfrentan amenazas y violencia, como defensores de derechos humanos y se les garantiza la proteccion.
De igual forma, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las principales organizaciones humanitarias del país, expresó su preocupación por el registro y dijo en su cuenta de Twitter que “aún está pendiente una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones”, tal como lo tuvo el grupo de expertos de la ONU que visitó el país latinoamericano en noviembre pasado.