La justicia brasileña dispuso que los involucrados en el asalto a las sedes del poder utilicen tobilleras electrónicas y se les restrinja el acceso a redes sociales.
La corte suprema de Brasil informó que autorizó la liberación de 173 acusados de participar en el asalto en enero a las sedes de los tres poderes en Brasilia, pero deberán usar tobillera electrónica y mantenerse alejados de las redes sociales.
«El juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad (…) porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores» del ataque, informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.
Además del uso de tobillera electrónica, el juez dispuso otras medidas cautelares como la prohibición de usar las redes sociales, salir de sus casas por la noche o los fines de semana, portar armas de fuego, y la cancelación de sus pasaportes.
El magistrado también tuvo en cuenta que «en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad», y que ya fueron imputados por la fiscalía por «incitación al delito» y «asociación delictiva».
En total, 767 personas continúan presas y 639 fueron liberadas con medidas cautelares, según información del máximo tribunal.
Miles de personas disconformes con la derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre vandalizaron el 8 de enero las sedes de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema en Brasilia, una semana después de la investidura del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras irrumpir por la fuerza en los edificios, arrasaron con todo el mobiliario que encontraron a su paso, incluidas valiosas piezas de arte.
Solo en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, los daños a la fachada, pisos, muebles y obras de arte superan los nueve millones de reales (es decir, alrededor de 1,75 millones de dólares).
Según videos que los asaltantes publicaron en sus redes sociales, compilados por medios locales, con la invasión buscaban «retomar el poder» y «desatar el caos» para motivar un golpe militar que destituyera a Lula.
La justicia incluyó a Bolsonaro en la investigación para determinar quién instigó la asonada. El exmandatario, que durante años sembró dudas sobre la confiabilidad del proceso electoral, niega tener vínculo con los ataques.