Con la intención de continuar con la política de austeridad en la entidad y extenderla a las dependencias estatales, la 60 legislatura hará una revisión detallada sobre las solicitudes de aumento presupuestal de secretarías y organismos, además de revisar al gasto corriente, anunció Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza había señalado que pedirían que en su partida presupuestal del 2020, se les reintegren los 300 millones de pesos que les redujeron este año, para la operatividad de los juzgados en materia laboral.
Adicionalmente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García refirió que pediría un aumento presupuestal del 15 por ciento, adicional a los 286.5 millones de pesos que recibieron este año, y que se destinaría a infraestructura académica y visitadurías adjuntas.
Al respecto, el presidente de la Jucopo dijo que la Legislatura esperará a que se presente el proyecto del paquete fiscal 2020 para hacer las revisiones a las solicitudes presupuestales de las dependencias, para evaluar los requerimientos, aunque se pronunció por un llamado a que se sumen a la austeridad.
“Es un principio con el cual nosotros estamos exhortando a todas las instancias del poder público a que podamos ir corrigiendo los dispendios, a partir de ser más estrictos en la aplicación de las normas y sobre todo en cuidar la distribución de los recursos a donde realmente se requiera”, refirió Hernández.
El líder morenista dijo que la Cámara local tiene claro que se necesita reforzar al Poder Judicial para que se atiendan los rezagos que hay en más de 50 mil juicios, mientras que la Codhem tendría que fundamentar su solicitud de aumento presupuestal.
“Tendrá que fundamentar y motivar qué hace la Codhem y cuáles son sus resultados, para qué quiere el dinero, seremos muy escrupulosos en revisar eso”, precisó.
La legislatura revisará de manera particular el gasto corriente y la operatividad, para evaluar las partidas presupuestales requeridas por dependencias y organismos, y en su caso realizar reasignaciones con enfoque de austeridad.