Tras señalar que la empresa constructora Aleatica, antes OHL, obtiene ingresos ilegales de hasta mil millones de pesos anuales por el cobro de peaje del segundo piso del Viaducto Bicentenario, el diputado Max Correa Hernández pidió al secretario SCT federal, Javier Jiménez Espiriú, atender el exhorto que la legislatura del Estado de México hizo para que emita una declaratoria que rescate la concesión de dicha vialidad.
El exhorto, presentado por Correa Hernández en noviembre de 2019 y aprobado por unanimidad en el Congreso mexiquense, también hace un llamado al titular del Secretaría de Comunicaciones estatal, Luis Gilberto Limón Chávez para que informe del proceso que otorgó la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa española, y a cuánto asciende el adeudo que el gobierno del estado y los mexicanos deben seguir pagando por el segundo piso del Viaducto Bicentenario.
“De manera respetuosa le pedimos al secretario federal nos diga cuál es la situación legal de este tramo carretero que pasa por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, porque consideramos que a OHL le fue otorgada concesión de una manera arbitraria, y por ello el gobierno federal tiene que recuperarlo y dejar libre el paso sin cobro de peaje”.
Advirtió que de no existir una concesión con el gobierno estatal, la SCT debe realizar el aseguramiento de obras, instalaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación del Viaducto conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En ese sentido, el diputado de Morena dijo que una acción de este tipo ya fue realizada cuando el gobernador de Baja California intentó apropiarse de una caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada.
“El gobierno federal envió al lugar a la Guardia Nacional a recuperarla y eso mismo se debe hacer en el tramo del segundo piso del Viaducto Bicentenario, porque sigue siendo jurisdicción federal y por ello no pudo entregarse esa concesión”.
Correa Hernández, también dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), afirmó que el exhorto se dio como un elemento de prueba en el proceso que se le seguía al exsecretario estatal y federal Gerardo Ruiz Esparza, por el cual se le iba vincular a proceso.
“Aunque desgraciadamente falleció, de cualquier forma la averiguación debe ser remitida a un juez para que se deslinden responsabilidades sobre la ilegal concesión del tramo carretero”, reiteró.
Finalmente, Max Correa pidió al gobierno federal actuar con la misma contundencia como lo hizo en Baja California para recuperar el Viaducto Bicentenario y evitar el cobro de peaje a la gente.
“El viaducto representa un acto de corrupción de los sexenios pasados que se benefició a una empresa privada que les dejó dividendos para sus campañas políticas; ese tramo les
deja más de mil millones de pesos anuales a la empresa de manera ilegal, por ello es importante que el Presidente tome cartas en el asunto y particularmente el secretario de Comunicaciones y Transporte”.