Será entre abril y octubre del presente año cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) modifique su estructura orgánica, así como adecuar su normativa conforme dicta el Plan B, según lo establecido en el proyecto del Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023.
El proyecto del plan de trabajo y cronograma, aprobado por el Comité Técnico este jueves, y que será discutido esta tarde en la sesión del Consejo General, establece que en abril iniciará el rediseño de la estructura y otros cambios, con la renovación de tres consejerías y la presidencia.
Plan de trabajo, con dos líneas generales de acción
En la sesión, se detalló que el plan de trabajo tiene dos líneas generales de acción: la primera, enfocada en la modificación de las estructuras orgánicas del INE.
A fin de implementar estas modificaciones, se emitirán lineamientos para revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto.
El Comité también debe proponer la reestructura conforme a los lineamientos emitidos, considerando las funciones de las unidades administrativas, desconcentradas y centrales del INE, así como la compactación de las estructuras no contempladas en la reforma.
Además, se prevé la toma de opinión y conclusión del diseño, así como los criterios de evaluación y designación de los vocales operativos.
El Plan B prevé la disminución de las juntas distritales, a fin de que sólo quede un vocal operativo de los cinco vocales que actualmente operan, por lo que se deberá determinar quién se queda a cargo.
También se realizará el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales del personal, así como identificación de las medidas, adecuaciones administrativas y costo que implicará la reestructura orgánica del Instituto, tanto su ejecución como conclusión.
Está contemplada la validación del redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica; determinación relacionada con la instalación de órganos locales y oficinas auxiliares y cambios de adscripción de bienes.
La segunda parte del plan de trabajo prevé la adecuación normativa que implicará la elaboración del inventario de la normativa del Instituto; remisión del inventario de las unidades responsables de la normativa que aplica en el ámbito de su competencia, así como el análisis de la normativa para la elaboración del impacto de las modificaciones.
Además, se realizará la revisión y análisis de la identificación normativa prioritaria de carácter administrativo que incluya las adecuaciones enviadas por las unidades responsables.
El Comité Técnico tendrá dos sesiones ordinarias en mayo y agosto, así como las sesiones extraordinarias necesarias.