Durante el primer trimestre de 2026, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó reformas orientadas a consolidar la seguridad pública, mejorar la procuración de justicia y garantizar la protección efectiva de las víctimas.
En este periodo, se amplió el marco constitucional para permitir que la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales participen en la investigación de delitos, bajo la conducción del Ministerio Público. Asimismo, se fortalecieron las mesas de paz como instancias de coordinación operativa y toma de decisiones inmediatas.
El Congreso expidió una nueva ley para prevenir, atender y combatir la extorsión, con énfasis en la conocida como “cobro de piso”, cuya persecución se estableció de oficio, además de derogar el delito de extorsión del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión (reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal) lo incorpora y establece las sanciones respectivas.
La normatividad puntualiza que los centros penitenciarios estatales establecerán procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen.
En materia de protección a víctimas, se creó el Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), especializado en la emisión de órdenes de protección en casos de violencia de género,
Se tipificaron la violencia vicaria (hasta ocho años de prisión para el hombre que, con la intención de dañar a una mujer, emplee como medio a sus hijas, hijos, familiares o personas cercanas a través de amenazas u otras conductas,) y la violencia digital (como toda acción dolosa realizada mediante tecnologías de la información y la comunicación), con medidas inmediatas para salvaguardar a las personas afectadas, además de fortalecerse las acciones de búsqueda de personas desaparecidas mediante mayor coordinación entre autoridades.
En el ámbito judicial, se incorporó la nulidad de juicio concluido para invalidar resoluciones obtenidas mediante fraude o pruebas falsas, y se reconoció la competencia de tribunales de alzada integrados por una sola magistratura.