El gobierno federal ha impuesto multas por 27 millones de pesos a los patrones que hicieron mal uso de la subcontratación, luego de las 3 mil inspecciones que realizaron la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Lo anterior, dijo Francisco Martínez Domene, Secretario General de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), a dos años de la puesta en marcha de la reforma laboral que eliminó el uso de la subcontratación de personal y en su lugar dio paso a la Subcontratación de Obras y Servicios Especializados.“Las empresas siguen teniendo sus reservas respecto al uso de los Servicios Especializados, pues aún existen dudas, como en qué momento o qué actividades se pueden utilizar y cuál es la forma correcta de hacerlo, por lo que debemos comprender que esta nueva regulación ofrece la oportunidad de subcontratar servicios de empresas especializadas externas”, indicó.Martínez Domene, señaló que el aspecto fundamental para poder contratar este tipo de servicios, es asegurarse de que el proveedor cuente con la debida acreditación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, denominada como REPSE; lo que implica que la autoridad valida que dicha empresa tiene prácticas formales, en cuanto a la tercerización de procesos específicos dentro de la operación de las empresas.Las empresas que ofrecen servicios especializados y cuentan con el certificado REPSE, obtienen ciertos beneficios, como: generar confianza y credibilidad entre sus clientes, al contar con este registro, aparte de que es obligatorio para quienes ofrecen este tipo de servicios, brinda una mayor confianza y seguridad.Transparencia, que es indispensable para erradicar la corrupción y/o las irregularidades que se pudieran llegar dar en la prestación de los servicios; y Control y regulación que permite que la autoridad tenga una revisión constante, con el fin de mantener un mercado laboral sano para todas las partes.Finalmente Francisco Domene explicó que también se debe revisar cuál o cuáles son los objetos sociales de la empresa, tanto en el acta constitutiva como en la constancia fiscal de la misma y con base en ello identificar las áreas y/o procesos que se encuentran dentro de las actividades secundarias o de soporte para la operación de la empresa.“Debemos de considerar que este ajuste que generó la reforma le ha dado una mayor relevancia al entendimiento de lo que conocemos como ‘cadena de valor’, ya que es justo en el análisis de ésta, que está la clave para contratar de forma correcta y segura”, concluyó.