Las gobernadores y gobernadores de Morena, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución.
En una misiva compartida en redes sociales, las y los mandatarios del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraron que en el país hay una disminución de la incidencia delictiva que va de la mano con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
“El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino cómo garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo”, se lee en el documento.
Asimismo, los mandatarios estatales morenistas señalaron que dejar sin efecto lo plasmado en el Artículo 19 de la Constitución no es una atribución que le corresponda a la SCJN.
“Tal y como lo reconocen algunos ministros, integrantes de la Suprema Corte NO TIENEN LA FACULTAD PARA REDACTAR O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN, mucho menos cuando el Artículo 19 en cuestión NO FUE IMPUGNADO POR LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS NI POR NADIE EN SU MOMENTO DE DECRETO NI EN LOS TIEMPOS QUE PREVEE LA LEY PARA TAL EFECTO (sic)”.
Las y los gobernantes aseveraron que es por estos argumentos que la prisión preventiva oficiosa debe permanecer.
Las gobernadoras, los gobernadores y la jefa de gobierno abajo firmantes exhortamos a la SCJN a respetar la Constitución, no tienen la facultad para modificarla y por lo tanto el artículo 19 de la Carta Magna debe prevalecer en sus términos. pic.twitter.com/GXxz3LhDeD
— Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) September 7, 2022
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hasta el próximo jueves la votación de las dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las reformas al artículo 19 de la Constitución Mexicana que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO) para incluir delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y delitos de carácter electoral.
El aplazamiento fue solicitado por el ministro ponente del caso, Luis Maria Aguilar, ante la falta de apoyo a su proyecto de sentencia que proponía inaplicar el artículo 19 de la Carta Magna por ser contrario al derecho a la libertad personal prevista en tratados y convenios internacionales firmados por México en materia de derechos humanos; es decir, por ser una norma inconvencional conforme a la legislación internacional.