El presidente Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reformas que obliga a contratar personas con discapacidad permanente que reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior a tres por ciento de la totalidad del personal con que se cuente.
Ello en las contrataciones de personal que se realicen en dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias. La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados.
Los patrones que contraten personas con discapacidad y adultos mayores podrán deducir de sus ingresos cien por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), establece el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Además de las leyes generales de Población, de Protección Civil, de Asistencia Social, del Impuesto Sobre la Renta, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Con ello se busca beneficiar a siete millones de mexicanos con alguna discapacidad y cuya situación aún observa “profundos rezagos, pobreza, marginación, siendo un factor común la discriminación motivada por su discapacidad, que les ha limitado durante años su derecho a la inclusión y su desarrollo social”.
La iniciativa refiere que dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y de la capital, en el ámbito de sus respectivas competencias, “están obligadas a contratar personas con discapacidad permanente que reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior a tres por ciento de la totalidad de su personal”.
En la exposición de motivos se establece que la población con discapacidad “demanda acceso la justicia, mejores condiciones de salud educación, mayores oportunidades de trabajo, apoyos económicos para la vida independiente, el deporte o la asistencia social”.
También demanda accesibilidad en instalaciones públicas o privadas, el transporte y vivienda adaptada, demanda tecnologías de información y soportes de comunicación, y requiere, fundamentalmente, leyes que protejan sus derechos.
Además asienta que “al ratificar el Estado mexicano la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ reiteró su firme compromiso de generar condiciones que permitan a toda persona desarrollarse de manera integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación”.
“Bajo este contexto, como Presidente de la República, me he comprometido con las personas con discapacidad a impulsar la armonización de la legislación mexicana acorde con lo establecido en la Convención antes mencionada para proteger y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades”, agrega.