El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, anunció que solicitará licencia para separarse de sus funciones legislativas durante las sesiones extraordinarias del Senado programadas para los días 28 y 29 de mayo, en medio de señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador informó que ya se encontraba en la Ciudad de México y que desde el día previo acudió a la sede parlamentaria para cumplir con la convocatoria, sin embargo, decidió apartarse temporalmente de su encargo ante lo que calificó como una “embestida mediática”.
“En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”, expresó el senador morenista, quien precisó que su suplente, Omar López Campos, asumirá la participación en las sesiones extraordinarias.
Pese a la licencia, Inzunza Cázarez afirmó que continuará atento a los trabajos legislativos desde fuera del pleno, aportando posicionamientos y argumentos en torno a los dictámenes que impulse su bancada.
El legislador fue recientemente citado por la Fiscalía General de la República para una entrevista ministerial, junto con otros exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa, tras señalamientos derivados de investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con el Cártel de Sinaloa y presuntos delitos de narcotráfico.
De acuerdo con la información oficial, estas diligencias forman parte de una indagatoria vinculada a acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se investiga a ciudadanos mexicanos por posibles nexos con actividades ilícitas.
Entre los señalados también figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de exmandos de seguridad y servidores públicos estatales.
La Fiscalía General de la República informó que las entrevistas ministeriales buscan avanzar con “seriedad y exhaustividad” en la integración de las investigaciones.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado previamente que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas concluyentes y ha solicitado que la FGR realice sus propias indagatorias antes de definir cualquier determinación judicial.