La Fiscalía de Bolivia ha ordenado este miércoles 29 de julio la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.
Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro-Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno.
En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.
La demanda del Comité Cívico Pro-Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano El Deber.