El régimen de Maduro redacta una lista con 11 funcionarios de la presidencia encargada de Guaidó a los que congelará los bienes
La histórica victoria de la oposición en la Corte Suprema británica ha desencadenado la venganza de la revolución contra «los cabecillas de esta banda criminal entreguista». «Se trata de una operación de despojo al más rancio estilo de piratería imperial», recitó ayer el fiscal Tarek William Saab mientras anunciaba las primeras represalias contra los responsables indirectos de la histórica sentencia que impide a Nicolás Maduro quedarse con las 33 toneladas de oro de Venezuela. Los lingotes, valorados en más de mil millones de dólares y que forman parte de las reservas internacionales, están depositados en el Banco de Inglaterra.
El reconocimiento de la administración británica del líder de la oposición empujó la sentencia final del jueves en uno de los días más negros que se recuerde para la revolución: en unas pocas horas Maduro dio marcha atrás en la expulsión de la embajadora europea en Caracas; los jueces de Cabo Verde negaron el segundo habéas corpus de su testaferro, el millonario colombiano Alex Saab, inmerso en un proceso de extradición a Estados Unidos; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU, recordó las constantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela además de criticar las últimas trampas electorales del gobierno y jueces de EEUU; y, la guinda del pastel la colocaron las autoridades judiciales de Reino Unido, quienes dejaron muy claro que para su país Maduro no es el presidente constitucional del país petrolero.
No obstante, a la oposición democrática le ha costado cara la celebración por todo lo alto de la protección otorgada al oro del su país ante el «saqueo» constante de la revolución, que en 21 años de gobierno ha protagonizado el mayor desfalco de la historia: más de 500.000 millones de dólares desaparecidos en plena bonanza petrolera, según las investigaciones del Parlamento y las denuncias de dos vicepresidentes de Hugo Chávez.
Los señalados desde el gobierno de Nicolás Maduro son 11 funcionarios de la presidencia encargada de Guaidó, comenzando por su canciller, Julio Borges, y siguiendo por Carlos Vecchio, embajador en EEUU. En la lista también están Ricardo Villasmil (presidente del Banco Central de Venezuela ad hoc), José Ignacio Hernández (antiguo procurador), Vanessa Neumann (embajadora en Londres) y otros funcionarios.
A todos ellos se les ha dictado orden de aprehensión y congelación de bienes. También serán imputados por traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
«Leopoldo López y su familia son los responsables en el plano nacional del saqueo a nuestro país, a cambio de migajas por parte de EEUU y sus gobierno satélites en la Unión Europea», subrayó el fiscal chavista. El líder de Voluntad Popular permanece refugiado desde hace 14 meses en la residencia del embajador español en Caracas.