El diputado Faustino de la Cruz y la legisladora Azucena Cisneros lamentaron las condiciones de acoso que enfrentan comunicadores que realizan periodismo de investigación en la entidad, luego del despido injustificado de una reportera de El Heraldo de México, presuntamente por presiones del Gobierno del Estado de México (GEM), debido a indagatorias sobre gastos onerosos en el aparato burocrático.
Los morenistas destacaron que las y los periodistas desempeñan un papel fundamental en el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad.
“En México el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y demás personas que trabajan en los medios de comunicación, tanto así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida”, refiró el diputado Faustino de la Cruz.
La periodista María Teresa Montaño Delgado, con más de 20 años de trayectoria en los medios nacionales y estatales de comunicación, realiza periodismo de investigación a través de la plataforma The Observer, uno de los primeros proyectos independientes del Estado de México, especializado en fact checking, transparencia y periodismo de investigación.
“En los últimos dos años, a través de ésta plataforma se ha logrado documentar diversos temas de presunta corrupción y opacidad, como las “pensiones secretas” que se entregaban a los ex gobernadores a costa del erario público; desvíos de recursos en el programa Seguro Popular administrado por el ISEM entre 2017 y 2018; los gastos anuales para el sostenimiento de la Casa de Gobierno que habita el ejecutivo estatal en turno y el gasto anual en uso de aeronaves para el traslado de funcionarios”, explicó la legisladora Azucena Cisneros.
Otras investigaciones realizadas por Teresa Montaño fueron por irregularidades en materia de transparencia en ayuntamientos como Metepec y Toluca, y más recientemente, la contratación millonaria de 2 mil autos de lujo al corporativo ARRENDA S.A de C.V., así como la contratación de 27 camionetas de lujo por parte de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, con la misma firma.
Además de colaborar en dicho proyecto, hasta el pasado 27 de febrero, la periodista se desempeñó como corresponsal de la empresa El Heraldo de México, en el Estado de México, pero fue despedida de manera repentina e injustificada y presionada para firma una renuncia voluntaria, sin recibir lo que por ley le correspondía.
La periodista señaló que tras su despido, hay presión, intromisión y acoso del gobierno mexiquense, cuyos intereses se han visto afectados por el trabajo de investigación periodística. Además ha sido sujeta a otro tipo de presiones, hostigamientos, persecución fiscal, y espionaje.
“Se ha llegado al tal grado que la coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, exigió al periódico donde laboró por tres años, se le prohibiera gestionar solicitudes de información a través de los mecanismos de oficio dispuestos para ello”, denunció Faustino de la Cruz.
Los morenistas hicieron un llamado al Gobernador Alfredo del Mazo para que frene el asedio contra periodistas que realizan trabajos de investigación, garantizando en todo momento su derecho de libertad de expresión y consecuente libertad de prensa.