El diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, destacó la importancia de mantener el diálogo y construir acuerdos durante el tercer año de ejercicio constitucional, que inició el pasado 5 de septiembre y concluirá a más tardar el 18 de diciembre, con el propósito de que el Congreso mexiquense mantenga la ruta de la productividad y tenga como prioridad el bienestar social.
En entrevista para el podcast ‘Desde el Pleno’ del Congreso mexiquense, conducido por Juan Carlos Villarreal Martínez e Itzel Cruz Pérez, director general y coordinadora de Docencia y Vinculación del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle), respectivamente, el legislador resaltó la aprobación de 850 iniciativas de ley o decreto y puntos de acuerdo en lo que va de la LXII Legislatura mexiquense, de las cuales, precisó, 94 por ciento fueron por unanimidad.
En este sentido, el congresista, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exdirector regional de Programas para el Bienestar en el Estado de México durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), subrayó la importancia del consenso. Aseguró que, si las mayorías someten a las minorías, será imposible avanzar y se terminaría reproduciendo el esquema de gobiernos anteriores a los de morena.
Integrante del movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM —que derivó en una huelga de casi 10 meses en protesta por el aumento de las cuotas de inscripción y de los servicios escolares—, así como participante en cooperativas y movimientos sociales, Vladimir Hernández destacó algunos de los principales resultados de su labor legislativa, entre ellos, el fortalecimiento de los requisitos para la designación de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), así como la aprobación de un presupuesto de egresos “ampliamente social” para el ejercicio fiscal 2026.
En este sentido, subrayó que, en el distrito III de Chimalhuacán, que representa, han sido particularmente relevantes las reformas para ampliar las agravantes y elevar las penas por el delito de despojo —hasta 25 años y seis meses de prisión y mil 500 días multa—, con el propósito de fortalecer y garantizar el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad de las personas dueñas de inmuebles, así como combatir la intervención dolosa de autoridades estatales y municipales en la comisión de este delito. Explicó que estas modificaciones legales responden a problemáticas de corrupción, colusión y omisión, y han contribuido a brindar mayor certeza jurídica a las personas propietarias.
En este tenor, refirió que hay una percepción real de la población sobre avances en materia de derechos sociales y que se sigue ayudando bastante con políticas como el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por el Gobierno de México para mejorar la calidad de vida de las familias mediante la mejora de infraestructura, seguridad, salud, educación, entre otros rubros, en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.
En materia de seguridad, expuso que, desde el inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se busca atacar las causas de la violencia. Añadió que, además de reforzar la administración e impartición de justicia, hace falta un fortalecimiento no solo jurídico, sino institucional de las fuerzas policiales a nivel municipal, así como plena coordinación entre órdenes de gobierno. Puso como ejemplo la estrategia de Mando Unificado para reforzar la seguridad pública y combatir la incidencia delictiva en la región oriente de la entidad que implementó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Respecto a las iniciativas en análisis, mencionó aquella que busca reconocer a las mujeres en proceso de reinserción social como un grupo de atención prioritaria, incluyendo a quienes, tras haber sido privadas de la libertad, ya recuperaron su libertad. La propuesta tiene como objetivo garantizar su acceso a programas de desarrollo social, capacitación para el trabajo, empleo, atención psicoemocional y acciones de fortalecimiento comunitario. Al respecto, aclaró que persiste un estigma en torno a esta población, por lo que consideró necesario articular las acciones jurídicas e institucionales con estrategias de acompañamiento e integración desde el ámbito comunitario.
En cuanto a los desafíos en servicios públicos, expresó que se pueden afinar los mecanismos institucionales y ayudar con el andamiaje jurídico para que los recursos públicos destinados a los gobiernos municipales puedan ser proyectados con políticas públicas que realmente lleguen de manera directa a la población.
Tras agradecer al parlamentario José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, por impulsar la propuesta para su designación como presidente de la Directiva, así como a las, le y los diputados por elegirlo por unanimidad para encabezar dicho órgano parlamentario, enfatizó que cumplirá con responsabilidad su encomienda como representante de uno de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Por otro lado, señaló la relevancia de que las y los legisladores estén en territorio y cerca de la sociedad, como lo enseñaron Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues el contacto con las realidades sociales sirve como base para el diseño de proyectos legislativos.