En relación a la información difundida en medios informativos en el sentido de que “la Secretaría de Marina, a través de personal naval de la Fuerza de Tarea Ecatepec de la Región Naval Central, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Fiscalía General de la República (FGR) participó en un amplio despliegue interinstitucional que derivó en la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión contra funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hace del conocimiento público que el pasado viernes 7 de agosto fue convocada, por autoridades federales, a participar en una puesta a disposición por cumplimiento de orden de aprehensión en contra de elementos de esta institución por el delito de “secuestro exprés para ejecutar extorsión” derivado de hechos registrados en el año 2021.
Al respecto es pertinente aclarar que contrario a lo que señalan los comunicados oficiales sobre estos hechos, los ahora detenidos, en ningún momento formaron parte de la estructura de mandos medios o superiores de esta institución tal y como se les pretende calificar al denominarlos “funcionarios”.
Para efectos de precisión informativa, se hace del conocimiento que los ahora detenidos María Fernanda “N”, de 38 años, adscrita a la Coordinación de la PDI en Ecatepec; Benito “N”, de 67 años, adscrito a la Unidad de Inspección Interna de la PDI en Ecatepec, Efraín “N” de 64 años, adscrito a la Coordinación de la PDI en Texcoco; y Mario “N” de 43 años adscrito a Coordinación de la PDI en Nezahualcóyotl, los cuatro eran elementos de la Policía con plaza de agente investigador sin funciones de mando.
La Fiscalía General de Justicia del Estado del México reitera que se encuentra siempre dispuesta continuar con la colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno a efecto de combatir toda práctica contraria a la ley, sobre todo cuando los investigados tienen el carácter de servidores públicos.
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