La Policía Nacional de Perú (PNP) anunció hoy que desplegará más de 30.000 efectivos en Lima para controlar posibles protestas contra el Gobierno, como las que se vienen sucediendo hace meses, durante los feriados de esta semana por el aniversario de la independencia.
«Solo en Lima tenemos más de 30,000 policías de todas las especialidades para controlar posibles protestas» indicó el comandante general de la PNP, Jorge Angulo, a la radio local RPP.
«Hemos venido haciendo la planificación con anterioridad en todos los escenarios, nos hemos fijado hipótesis o hemos hecho incluso juicios a priori en lo que respecta a lo que podría pasar; tenemos previsto cualquier escenario que se nos pueda presentar», agregó.
Grupos de ciudadanos anunciaron a través de redes sociales nuevas manifestaciones para el jueves, el viernes y el sábado próximos, según la agencia de noticias Sputnik.
MIRÁ TAMBIÉN
En un escenario abierto, Sánchez y Feijóo se lanzan a intentar formar Gobierno en España
Todos esos días serán feriados en Perú por el aniversario de la independencia, que se conmemora cada 28 de julio.
En la protesta volverán a reclamar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del actual Congreso, al que consideran funcional a la resistida mandataria en la reticencia a adelantar las elecciones generales.
Boluarte, su gobierno y el Legislativo tienen niveles de desaprobación ciudadana de entre 80% y 90%, según los últimos sondeos.
El miércoles pasado, ciudadanos y organizaciones civiles llevaron a cabo una protesta que dejó al menos 11 heridos y seis detenidos.
MIRÁ TAMBIÉN
Estado de sitio y toque de queda en algunas regiones de Ecuador tras el asesinato de un alcalde
La protesta tuvo alcance nacional, con epicentro en Lima, donde miles de personas salieron a las calles para reclamar la salida de Boluarte, a la que se la acusa de impulsar una feroz represión policial y militar que ya fue denunciada por la oposición y organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
Dos periodistas limeños resultaron heridos, uno por perdigones de la Policía y el otro por el impacto de una piedra en la cabeza, denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Aunque el Ejecutivo lo negó, imágenes publicadas por varios medios peruanos mostraron a los efectivos de la Policía Nacional disparando con material antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes.
Entre las consignas de los descontentos también se destacó un pedido de justicia por el medio centenar de muertos que dejó la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasados en tres regiones sureñas.
Durante la marcha en Lima se vieron carteles y banderolas con lemas como «Nuevas elecciones», «Yo quiero nueva constitución», «Cierre del Congreso», «¡Fuera Dina, asesina!», en referencia a la presidenta que lleva poco más de siete meses en el poder.
No faltaron carteles pidiendo la liberación y restitución del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por su fallido autogolpe de estado del 7 de diciembre último.
La movilización fue impulsada por la Central General de los Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
«Pedimos adelanto de elecciones; ni Boluarte ni el Congreso deben seguir, su permanencia agrava la crisis, es lamentable que el Ejecutivo y Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026», dijo entonces Lucio Castro, secretario general del Sutep, el mayor sindicato de maestros del Perú.
El Congreso, controlado por fuerzas de centroderecha, rechazó a inicios de año dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024, pero luego acordaron permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos en julio de 2026.
El mandato de los miembros del parlamento unicameral es simultáneo al de los del Poder Ejecutivo, de cinco años.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 20 de los 50 muertos que dejó la represión perecieron por impactos de bala de fuego.
En enero, la Fiscalía abrió una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta el fin de su mandato. (Télam)