Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), dijo que, el que haya gente desempleada no solo provocara desestabilidad económica y familiar, sino también problemas graves de seguridad pública, “la estabilidad del estado y del país, están en riesgo”.
Lo anterior durante una conferencia de prensa virtual donde refirió que la crisis que está enfrentando el sector empresarial será un caos social una vez que se dé luz verde para regresar, la cual, alterará la estabilidad del estado, por lo que el tema no se puede dejar en un rincón, sino que hay que atenderla de manera oportuna.
Durante el primer trimestre del 2020, mencionó, se contaba con una población desocupada en el Estado de México de 425 mil 671, la cual, representa el 21.5 por ciento de la personas desocupadas a nivel nacional, “dicha tasa de desocupación laboral no se veía desde 2016; con cifras del IMSS, el acumulado durante la pandemia de empleos perdidos a nivel nacional es de 753, mil 280 de marzo a abril, se estima un millón de empleos perdidos mientras dure la pandemia, según el gobierno federal”.
González Hernández, señaló que cuando la pandemia alcance los tres meses, alrededor del 40 por ciento de las empresas no podrán regresar a trabajar, debido a que han tenido que cumplir con otros compromisos como el pago de reta, servicios y en algunos casos de salarios, por lo que no tendrán recursos para subir cortinas.
“Desafortunadamente estamos viviendo una doble crisis, la sanitaria y la económica, la cual, se prevé perdure por lo que resta del año y muy probablemente por mucho años más, y hay un número importante de personas que está viviendo la incertidumbre de perder el empleo en los próximos días o meses”.
Por lo que hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que aprueben el seguro de desempleo propuesto por el organismo empresarial y Sindicatos de la entidad, “se realizó un documento para solicitar dicha iniciativa a los diputados locales”.
Es verdad, dijo, que nuestra propuesta tiene que ser analizada por las diferentes fracciones parlamentarias, así como puntualizar a quién beneficiaría, los montos y plazos, pero lo verdaderamente urgente es que se apruebe por lo pronto un fondo emergente para apoyar a aquellos que han perdido su trabajo a causa del COVID-19.