Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Secuestros del Valle de México de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditaron la participación de cuatro individuos en el delito de secuestro agravado, ilícito por el que recibieron condenas de 50 hasta 70 años de prisión.
La Autoridad Judicial con sede en Tlalnepantla sentenció a 70 años de cárcel a Job Alejandro Rosas Noguez y Eduardo Rebollo Silvestre, quienes participaron en el secuestro de un hombre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el mes de octubre del año 2017.
Ambos individuos privaron de la libertad a la víctima cuando viajaba a bordo de su camioneta por calles de la colonia Santa Rosa de Lima y luego la trasladaron a un inmueble del municipio de Tlalnepantla en donde la mantuvieron cautiva.
Estos sujetos posteriormente se comunicaron con los familiares de la víctima a quienes les exigieron un pago a cambio de su liberación. Por ello la familia de la persona secuestrada denunció los hechos ante la FGJEM y fue desplegado un operativo que dio como resultado la detención de Rosas Noguez y Rebollo Silvestre, así como la liberación de la víctima.
Luego los dos probables secuestradores fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde un Juez, previo proceso legal, les dictó esta condena y les fijó multas de 6 mil días de salario mínimo.
En otro caso, el Representante Social de la FGJEM acreditó la participación de José Gutiérrez Romero y Leonel Sosa Barrón en el delito de secuestro agravado, por lo que fueron condenados a 50 años de cárcel.
Los hechos por los cuales fueron sentenciados se registraron en el mes de febrero del año pasado, en el municipio de Ecatepec, donde fue secuestrado un hombre y por su liberación solicitaron una suma económica.
Derivado de la denuncia realizada por familiares de la víctima, fue llevada a cabo una movilización en el municipio de Tezoyuca, en la cual fueron detenidos estos individuos. Después ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, en donde quedaron a disposición de un Juez.
Un Juez luego de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social y previo proceso legal, les dictó esta condena y les fijó una multa de mil 700 días de salario mínimo, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.