Luego de que en el sur de la entidad mexiquense la población padece extorsiones no sólo para controlar los precios de alimentos, materias primas y materiales de construcción, ahora el crimen organizado realiza censos de migrantes para cobrarles derecho de piso a los familiares.
José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, aceptó que en la zona sur de la entidad hay muchos sectores que son rehenes del crimen organizado y tienen indicios de que estos grupos delictivos están elaborando un censo de familias migrantes en esta zona del Estado de México.
“Ahora el crimen organizado ya les quiere cobrar por migrante cantidades estratosféricas, no les voy a decir cuánto, porque no voy hacer apología de estos señores”, recalcó.
Cervantes Martínez recalcó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no está cruzada de brazos, por lo que propuso modificar el artículo 199 del Código Penal para enfrentar la injerencia del crimen organizado en la economía y el consumo.
“Cuando extorsionan, las víctimas no quieren denunciar porque aseguran que la autoridad no hace nada y no se quieren arriesgar a las represalias; por ejemplo los panaderos deben comprar manteca en el mismo lugar donde compran el aceite vegetal porque si no lo hacen les pasa algo”, agregó.
Con esta modificación a la ley, dijo, se va actuar de oficio sin molestar a las víctimas y así se va a detectar el acaparamiento y los precios subirá sin motivo alguno, la distorsión en el mercado y los monopolios a través de un dictamen técnico de la Secretaría de Economía.
“Esta iniciativa esperamos sea aprobada pronto y seremos el primer estado de la República que nos permita hacer frente a la extorsión en el sur mexiquense”, añadió.