La Contraloría del Poder Legislativo recibió este año un total de 835 denuncias contra 44 entes, entre los que destacan los municipios de Ecatepec, Ocoyoacac, San José del Rincón y Ciudad Nezahualcóyotl que puntearon con 59 quejas en total por diversas irregularidades.
En el caso del Poder Legislativo, la Dirección de Responsabilidades Administrativas reportó que se resolvieron 55 asuntos, en los que se impusieron 40 sanciones por hechos de prepotencia y malos tratos, abuso de funciones, incumplimiento de requisitos para el desempeño de cargos directivos, despidos injustificados, entre otros.
Se menciona que se aplicaron 37 sanciones a 42 municipios que fueron revisados en 2019, entre otros, Ozumba con tres sanciones, Cuautitlán Izcalli, Jaltenco, Naucalpan, Sultepec y Toluca con dos cada uno.
Mientras que recibieron una sanción los municipios de Amanalco, Amecameca, Calimaya, Chapa de Mota, Chiconcuac, Coyotepec, Cuautitlán, Ecatzingo, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Juchitepec, Morelos, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Papalotla, Tejupilco, Tepetlixpa, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlalmanalco, Villa Victoria y Atlautla.
De las 835 denuncias recibidas en 2020 por la Contraloría, la delegación de Toluca radicó 446, la de Naucalpan 240 y la de Chalco 149.
El total de asuntos recibidos para inicio de procedimiento este año fue de 79; los asuntos turnados a resolución suman 60 y la autoridad investigadora que más turnos registró es Toluca con 65 seguida por Naucalpan con 9 y Chalco con 5.
En el Poder Legislativo solo quedaron doce asuntos sin resolver por lo que toca a este ejercicio, de las 55 quejas, lo que equivale al 21.88% de casos pendientes todavía.
En su reporte, señala que este año, en el Congreso mexiquense se presentaron 55 asuntos, de los que 40 fueron sujetos de imposición de sanciones, 36 con amonestación, uno con sanción económica, en trece se resolvió la inexistencia, en tres hubo sobreseimiento y hay doce casos por resolver.
Algunos de los motivos recurrentes de denuncia fueron no dar respuesta o hacerlo fuera de plazo a escritos de derecho de petición, además de no dar cumplimiento a requerimientos de autoridades como las áreas de Derechos Humanos y jurisdiccionales.