En tribuna, el diputado Edmundo Valdeña Bastida subrayó que la aprobación de la reforma indígena fue resultado del diálogo y la disposición de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, por lo que agradeció la colaboración de las diputadas Leticia Mejía, Ruth Salinas, María Luisa Mendoza Casasola y Vanesa Linares.
“El proyecto no es de un solo partido; es un proyecto del parlamento y en beneficio de todas y todos los grupos originarios”, expresó el legislador ante representantes indígenas y asistentes al recinto legislativo en Toluca.
Con el respaldo de las distintas fuerzas parlamentarias y la presencia de representantes de los pueblos originarios del Estado de México, el Congreso local avanzó en la aprobación del dictamen de reforma al artículo 17 de la Constitución mexiquense, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento y los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Tras coordinar seis mesas de trabajo con representantes de los pueblos mazahua, tlahuica, náhuatl, otomí y matlatzinca, así como del Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México, Valdeña Bastida encabezó los trabajos legislativos que permitieron construir consensos para sacar adelante la reforma constitucional.
Durante la sesión, el legislador dio la bienvenida a las comunidades originarias presentes en el recinto legislativo y reconoció su participación en el proceso de análisis y construcción de la iniciativa, destacando que fueron escuchadas antes de la votación en el pleno.
El diputado explicó que el dictamen integró las iniciativas presentadas por la titular del Ejecutivo estatal, por la diputada Leticia Mejía García, en representación del PRI, y por Movimiento Ciudadano, mismas que fueron analizadas de manera conjunta por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas, y Desarrollo y Bienestar Social.
Valdeña Bastida destacó que la reforma armoniza la Constitución mexiquense con el artículo 2º de la Constitución federal en materia de derechos indígenas y afromexicanos, fortaleciendo el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asimismo, señaló que la propuesta consolida el derecho a la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos internos de los pueblos originarios, como parte de una reforma enfocada en ampliar el reconocimiento histórico y social de las comunidades indígenas en la entidad.