La compra de 13 plantas de Iberdrola por parte del gobierno mexicano no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados, dice un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Por otro lado, el instituto privado considera que la operación abre la puerta a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro.
Este martes se anunció la compra de 13 centrales de generación eléctrica en México por un total de 6 mil millones de dólares a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.