Canadá anunció la imposición de nuevas sanciones contra 15 altos cargos del régimen nicaragüense, entre ellos la hija del presidente, Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo, «en respuesta a las violaciones de derechos humanos» en el país centroamericano.
Los 15 individuos ya habían sido sancionados en los últimos meses por las autoridades estadounidenses. La medida adoptada por Ottawa impide a los canadienses -personas o instituciones- actividades económicas con los miembros de esta lista.
En esta relación figura el ministro de Finanzas, Iván Acosta; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Reyes, y la fiscal general de la república, Ana Julia Guido, así como responsables políticos, policiales y militares.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que desde 2018 «el Gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos contra su población, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra manifestantes y la supresión de cualquier oposición política».
Canadá añadió que, pese a las peticiones de la comunidad internacional, el Gobierno del presidente Ortega «se ha negado a implementar reformas significantes para asegurar que su población pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021», y en cambio, «ha aumentado sus ataques contra derechos civiles y políticos».
El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, afirmó que su país respalda las peticiones del pueblo nicaragüense para «un futuro justo y pacífico arraigado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación y el derecho al voto en elecciones libres, justas y transparentes». Garneau añadió que Canadá solicita a las autoridades de Nicaragua «la liberación de los detenidos de forma injusta y el respeto a la ley y las obligaciones internacionales en derechos humanos».