“El objetivo es cumplir con los pueblos indígenas y recoger sus inquietudes desde ahora, porque no solo se trata de aprobar la reforma, sino de preparar el camino para las leyes secundarias”, afirmó la diputada del PRI, Leticia Mejía García, al destacar que el proceso no debe limitarse al aval legislativo, sino a su implementación real.
En entrevista, adelantó que existe disposición entre los distintos grupos parlamentarios para sacar adelante la reforma en las próximas semanas, como resultado de los acuerdos construidos con coordinadores y la Junta de Coordinación Política, lo que perfila un escenario favorable para su aprobación.
En ese sentido, subrayó que el verdadero desafío será traducir la reforma en políticas públicas, presupuesto y acciones concretas en áreas como educación, salud, obra pública y desarrollo social, a fin de que los cambios constitucionales tengan impacto tangible en las comunidades.
La legisladora confirmó que la reforma en materia de derechos indígenas en el Estado de México avanza en su ruta legislativa y podría ser aprobada por el pleno antes de que concluya el actual periodo ordinario.
Explicó que, tras la asamblea de consulta, el siguiente paso será someter a votación la minuta del proyecto de decreto para posteriormente turnarla al pleno, donde será analizada y, en su caso, aprobada.
Detalló que el dictamen ya fue trabajado en comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas, como parte de un proceso que ha incorporado diversas voces.
Indicó que, aunque la reforma deriva de una armonización con la legislación federal, en el Congreso mexiquense se decidió abrir espacios adicionales de diálogo para escuchar directamente a los pueblos originarios de la entidad.
Precisó que la iniciativa contempla modificaciones al artículo 17 de la Constitución estatal para alinearlo con el marco federal, reconociendo a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo que implicará nuevas obligaciones para los tres órdenes de gobierno.
Entre las principales demandas recogidas en foros destacan la preservación de lenguas originarias, especialmente las más vulnerables como el tlahuica y matlatzinca, así como el reconocimiento de saberes tradicionales, como el de las parteras.
También se planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura en comunidades indígenas, impulsar programas de vivienda y combatir la marginación.