La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso imponer una pena de seis a 12 años de prisión a quien, sin la autorización de la persona legalmente facultada o de la autoridad correspondiente, realice u ordene la cremación, ocultamiento, destrucción, mutilación, sepultura o exhumación de un cadáver, partes o restos humanos de una persona no identificada.
Al señalar que en ciertos casos no es posible recuperar los cuerpos de personas desaparecidas y fallecidas por haber sido incinerados, destruidos o desintegrados con la intención dolosa de eliminar sus rastros, también propuso imponer de seis meses a dos años de prisión, a quien, además de destruir, mutilar, sepultar, o exhumar un cadáver, un feto, partes o restos humanos, los incinere, sin los requisitos que exige la ley.
La legislación vigente señala, entre estos requisitos, acta de defunción certificada, certificado médico de defunción, orden de inhumación emitida por el Registro Civil, identificación oficial del responsable, y el título de propiedad o permiso de uso de fosa en el panteón.
La iniciativa, presentada en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense y que propone modificar el Código Penal y la Ley Orgánica Municipal de la entidad, señala que México tiene un registro, con corte al 30 de abril pasado, de 133 mil 563 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 14 mil 665 corresponden al Estado de México, lo que representa el 11 por ciento.
El proyecto legislativo, suscrito por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada del PAN, califica como un dato preocupante que, entre las personas desaparecidas, la mayoría sean mujeres de entre 15 y 19 años, quienes, añade el texto, por su edad pueden ser víctimas de trata y explotación sexual. Asimismo, indica que, cuando una persona no es localizada, las especulaciones sobre su paradero suelen incrementarse debido a la crisis de inseguridad que se vive en México.
La legisladora apuntó que la incineración o destrucción de cuerpos en ocasiones ocurre dentro de cementerios, con la posible complicidad de personas encargadas de funerarias, panteones o crematorios, ya sean públicos o privados.
Por ello, consideró urgente regular sus servicios, a fin de prevenir la entrada de cuerpos sin la autorización de las autoridades competentes y evitar que se incineren, sepulten, inhumen, desintegren o destruyan, total o parcialmente, restos humanos o el cadáver de una persona no identificada.
Para lo anterior plantea, además, que los municipios tengan a su cargo, además de los panteones, crematorios y servicios funerarios.
Al presentar el documento, la proponente envió su solidaridad y respeto a las familias que cuentan con un familiar desaparecido.