Para fortalecer mecanismos de protección, prevención y apoyo, el Congreso mexiquense aprobó crear un directorio voluntario de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; implementar protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención en casos de emergencia, y su acceso a atención médica, programas sociales y gastos funerarios.
En sesión ordinaria, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), la LXII Legislatura mexiquense avaló que este listado (con datos de contactos designados, casas editoriales, organizaciones, colectivos o medios de comunicación), no implique asociación obligatoria o condición para la incorporación al Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y funcione como instrumento complementario y preventivo para agilizar la comunicación en caso de emergencia.
El dictamen, leído por el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) y conjunta las iniciativas del Grupo Parlamentario de MC —que coordina el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández — y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dispone que el Consejo Consultivo del mecanismo administre tal registro, así como que los datos proporcionados se traten de conformidad con la legislación en materia de protección de datos personales.
Al respecto, la congresista Ruth Salinas Reyes (MC) señaló que facilitar el acceso de las y los periodistas a servicios de salud no exime, ni debe eximir, a las empresas de comunicación que los contratan de su obligación de otorgar esta prestación.
Además, adelantó que presentará una iniciativa para destinar el cinco por ciento del presupuesto anual de comunicación social del gobierno estatal a su capacitación y profesionalización, así como para garantizar la autonomía del Consejo Consultivo.
Cabe señalar que el decreto mandata que las acciones del mecanismo se rijan bajo el principio de garantía del ejercicio periodístico, entendido como el conjunto de condiciones jurídicas, institucionales y materiales que aseguran el ejercicio libre, independiente, seguro y sin injerencias del periodismo, en beneficio del derecho de la sociedad a la información.
En este marco, plantea que corresponde al Estado implementar las mejores prácticas y protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención de este grupo, incluyendo a quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, a la diversidad sexual, personas migrantes o cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad que sea identificado por la Coordinación Ejecutiva del mecanismo.
Asimismo, que la Secretaría de Seguridad, así como las autoridades municipales, publiquen y actualicen de forma periódica un protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con estas personas.
Conforme al documento, se amplía la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos con apoyo para gastos funerarios, capacitación y formación profesional (orientados a la seguridad, autoprotección y desarrollo profesional), y acceso a programas sociales y servicios de salud.
Igualmente, se fortalece operativamente al Consejo Consultivo del mecanismo mediante la reducción de sus integrantes (de 13 a nueve). Esto debido a que, por el tamaño y la obligación de contar con una persona suplente por cada integrante, su funcionamiento es limitado.
Aparte, se establecen criterios transparentes y públicos para su nombramiento, y la incorporación de una participación regional equilibrada, que garantice la representación de las distintas regiones y zonas estatales, asegurando que las decisiones se nutran de la experiencia de periodistas y personas defensoras, así como que, en su integración, se atienda la paridad de género.
Además, se incorpora al marco legal estatal la vestimenta y otros instrumentos de identificación voluntaria y preventiva para el ejercicio de su labor, precisando que el uso de estos instrumentos no debe implicar riesgos adicionales ni vulneraciones a su privacidad, ya que su implementación será de carácter libre y voluntario para no ser contraria a estándares internacionales.
Finalmente, se plantea que el fondo de recursos a cargo del Estado para la operación del mecanismo se destine exclusivamente a la implementación y ejecución de medidas preventivas y de protección de carácter urgente.