Con el objetivo de disuadir y reducir las conductas delincuenciales medioambientales, el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense avaló las iniciativas, presentadas por separado, de la bancada del PVEM y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para incrementar las penas por tala clandestina de árboles en el Estado de México.
El dictamen de las iniciativas para reformar el Código Penal estatal, leído por la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM), puntualiza que a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques (cualquiera que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra) se le aplicarán de 10 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días multa.
Añade que, cuando la destrucción de los productos de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala de árboles, sin autorización de la autoridad correspondiente, se impondrán 15 a 25 años de prisión y de dos mil a tres mil 500 días multa.
En tanto que, a las personas autoras intelectuales, instigadoras, a quienes obtengan un lucro indebido, a quienes controlen o inciten a personas menores de edad o adultas mayores para cometer este delito, se les impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y de dos mil a tres mil 500 días multa.
Asimismo, habrá penas de 15 a 25 años de prisión, y de dos mil a tres mil 500 días multa, cuando los delitos referidos sean cometidos en áreas naturales protegidas, con violencia o mediante el uso de armas prohibidas.
Finalmente, la reforma indica penas de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 500 días multa a quien dolosamente deteriore, por el uso, la ocupación o el aprovechamiento, un inmueble que por decreto del Ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida, en sus diferentes modalidades de reservas estatales, parques estatales, parques municipales, reservas naturales privadas o comunitarias, parajes protegidos, zonas de preservación ecológica de los centros de población y las demás que determinen las leyes y reglamentos de la materia.
Tras leer el dictamen, elaborado por las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Congreso local, la parlamentaria Vanessa Linares puntualizó que la reforma no sólo significa incrementar años de prisión o multas, sino ampliar la protección a grupos vulnerables, así como a zonas y áreas naturales protegidas; incrementar supuestos, para que con ello, las personas juzgadoras puedan tener más elementos para dictar sentencias condenatorias a quienes talan de manera ilegal los bosques.
“Los esfuerzos para proteger los bosques ya no solo son esfuerzos aislados, ahora comienzan a tener ruta y generar condiciones reales de combate contra la tala ilegal. La defensa de los arboles es el camino correcto, por lo que, en justo reconocimiento a todos quienes hicieron de esto su motivo de vida, la ‘Ley Falg’ es una realidad, y da ya sus primeros resultados con penas más severas, para después generar la unión de esfuerzos de las diputadas y los diputados, la coordinación de autoridades de todos los niveles de gobierno y el involucramiento de más ciudadanos y organizaciones”, puntualizó.
Al respecto, la legisladora Leticia Mejía García (PRI) se pronunció por fortalecer las atribuciones de la Protectora de Bosques del Estado de México para combatir la tala ilegal, como lo planteó en su iniciativa presentada el 8 de octubre de 2024.