En el primer periodo ordinario de su segundo año de ejercicio constitucional (5 de septiembre al 18 de diciembre de 2025), la LXII Legislatura mexiquense aprobó la reforma constitucional que faculta al Senado de la República a ratificar los nombramientos de jefaturas superiores de la Guardia Nacional realizados por la o el titular del Ejecutivo federal, así como la minuta que confiere al Congreso de la Unión la jurisdicción de expedir la Ley General contra la Extorsión.
Respecto a la primera reforma, que también incorpora lenguaje inclusivo en los artículos 76 y 78 de la Constitución federal, refuerza la transparencia, la rendición de cuentas y el control parlamentario en materia de seguridad pública.
La reforma relacionada con la extorsión permitirá la persecución de oficio de este delito, la homologación de penalidades y agravantes en todo el país, y el fortalecimiento de la coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
Este dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tiene como objetivo eliminar la fragmentación jurídica que obstaculiza la procuración e impartición de justicia y que ha permitido a la delincuencia aprovechar vacíos legales.
Ambas minutas fueron avaladas por el Congreso mexiquense en su calidad de integrante del Constituyente Permanente, siguiendo un procedimiento riguroso del Artículo 135 constitucional que exige mayorías calificadas (dos tercios en el Congreso de la Unión y mayoría de legislaturas estatales) para garantizar la estabilidad de la carta magna.