La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense solicitará la opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para enriquecer la iniciativa que plantea sancionar el uso de aeronaves no tripuladas (drones) con el fin de vigilar, recabar información o planear actividades para cometer abigeato (apropiación ilegal de ganado de cualquier tipo), despojo o robo.
Esta propuesta de la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena) también propone que el organismo público autónomo diseñe y opere un protocolo para el manejo de la información que contenga los dispositivos relacionados con tales delitos, a fin de evitar violaciones al debido proceso.
En reunión de trabajo para analizar el proyecto legislativo para reformar el Código Penal, la proponente y las legisladoras Emma Alvarez Villavicencio (PAN) y Miriam Silva Mata (PVEM) coincidieron en la viabilidad de establecer sanciones por el uso de drones para cometer las conductas señaladas.
Al explicar su iniciativa, María del Carmen de la Rosa expuso que se reconoce que las modalidades del delito de robo han evolucionado y las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para planificar o facilitar conductas ilícitas.
Añadió que la premeditación en el uso de tecnologías para causar daño y cometer delitos debe sancionarse con una penalidad más severa, pues ello envía un mensaje claro de que los ilícitos que recurren a nuevas modalidades, herramientas tecnológicas o vacíos legales no serán tolerados, sino combatidos, investigados y castigados. Además, adelantó que su propuesta podría ampliarse para incluir otros delitos que también se cometan mediante el uso de este tipo de tecnologías.
Al presidir la reunión, Emma Alvarez indicó que es necesario ajustar la redacción del planteamiento para evitar confusiones entre los términos abigeato y robo, pues afirmó que son tipos penales distintos, a fin de evitar amparos o impugnaciones legales cuando se aplique.
Agregó que se requiere precisar cómo se acreditará el uso del dispositivo y se manejará la información que contenga, toda vez que, sin un protocolo científico adecuado, podría no ser admitida como prueba. Para lo anterior, propuso facultar a la FGJEM a emitir el protocolo del caso.
Finalmente, Miriam Silva solicitó evaluar qué otros delitos podrían incorporarse a la reforma, ya que el uso de drones no se limita únicamente a las conductas actualmente planteadas.
Expuso la necesidad de precisar y fortalecer la redacción de la iniciativa para evitar dificultades a la Fiscalía al momento de recibir denuncias e integrar carpetas de investigación, así como para impedir que posibles ambigüedades legales sean aprovechadas por los delincuentes para promover recursos de amparo o evadir la acción de la justicia.
El proyecto legislativo establece que el abigeato —actualmente con penas de uno a 18 años de prisión y hasta 300 días multa— podría alcanzar hasta 27 años de cárcel y 450 días multa por el uso de drones.
Así como que el delito de despojo —que ahora se castiga con confinamiento de cinco a 10 años y 700 días multa— alcanzaría hasta 25 años con 6 meses y hasta mil 500 días multa (como ya sucede cuando se configura alguna de las 10 agravantes que considera el Código Penal).
En cuanto al robo —que actualmente se penaliza con seis a 12 años de prisión y de 250 a 300 días multa— se penalizaría con hasta 18 años de cárcel y 450 días multa.
La iniciativa puntualiza que, en todos los supuestos, las sanciones no excluyen otros castigos adicionales si también se configuran otras agravantes o si se cometen otros delitos relacionados.
El documento especifica que se propone establecer agravantes a las penas previstas para estos delitos cuando se utilicen aeronaves pilotadas a distancia como herramienta de observación sobre el comportamiento de las personas, así como para la obtención de información sobre bienes muebles e inmuebles, de carácter público o privado, incluidos equipamientos o construcciones adheridas al suelo, o para premeditar actividades destinadas a la comisión de dichos ilícitos.
Bajo este contexto, agrega, las aeronaves pilotadas a distancia pueden desplazarse rápidamente sobre un terreno irregular o accidentado y superar obstáculos, capturando imágenes o datos mediante cámaras, sensores u otros dispositivos electrónicos, lo que ha comenzado a emplearse para vigilar viviendas, observar hábitos de las personas o recabar información sobre bienes con fines delictivos.