De acuerdo a Amnistía Internacional, las condiciones que enfrentan las personas migrantes en la frontera son resultado “de un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”, y llamaron a que ambos países retomen medidas que se ajusten al derecho internacional en materia migratoria.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) realizó un llamado a los gobiernos chileno y peruano a terminar con la militarización de las fronteras. Esto, en el contexto de la crisis migratoria que mantiene varados en el límite entre Tacna y Arica a cientos de personas migrantes en situación irregular.
Según AI, son casi 300 personas las que se encuentran en esas condiciones, expuestos a las inclemencias del clima desértico y sin condiciones de sanidad o alimentación básicos. Por eso, indicaron que ambos países han promovido “políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”.
En la misiva publicada en su página oficial, la representante de la organización para las Américas, Erika Guevara Rosas, insistió que “Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos de las personas que llegan y las comunidades que les reciben. Militarizar las fronteras no solo pone en peligro a las personas refugiadas y migrantes, sino también a las personas que residen en esas localidades”.
“Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas”, sostiene la declaración, y complementa con que “para hacer frente a la crisis, es fundamental que las autoridades chilenas y peruanas reactiven y adecuen sus sistemas de recepción de solicitudes de asilo de manera inmediata”.
“De acuerdo a la información recibida, la atención y recepción de solicitudes es inoperante en Perú desde 2020. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado también que las autoridades chilenas están implementando prácticas y políticas que impiden que las personas con necesidad de protección internacional puedan acceder al refugio en Chile, violando sus derechos humanos”, señala la organización.