El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, sostuvo que las declaraciones realizadas por la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, son respetables, pero advirtió que cualquier señalamiento debe estar respaldado con pruebas y presentarse ante las instancias competentes.
En entrevista, el funcionario estatal señaló que el tema ocurre en el contexto de una investigación que desarrolla la Fiscalía mexiquense, por lo que llamó a permitir que las autoridades concluyan las indagatorias antes de emitir conclusiones.
“Quien acusa tiene la obligación de probar sus dichos. Si existe algún elemento o evidencia, debe presentarse por la vía correspondiente para que sea valorado por la autoridad”, afirmó.
Sobre la solicitud de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, Duarte Olivares explicó que una decisión de esa naturaleza depende exclusivamente de criterios jurídicos y de competencia legal, no de consideraciones políticas. Indicó que, hasta el momento, los hechos conocidos corresponden al ámbito estatal.
Asimismo, rechazó que los señalamientos realizados por la alcaldesa estuvieran dirigidos de manera directa hacia él, al precisar que las referencias hechas públicamente apuntan a un supuesto integrante de la Secretaría General de Gobierno y no a su persona.
“Yo encabezo la Secretaría, pero no soy la Secretaría. Si alguien tiene elementos contra cualquier servidor público, debe presentarlos ante la autoridad correspondiente”, expresó.
El encargado de la política interna del Estado de México consideró que especular o formular acusaciones sin precisar responsables dificulta el esclarecimiento de los hechos y desvía la atención del proceso legal que actualmente se encuentra en curso.
Al referirse a los casos que involucran a las administraciones municipales de Tenancingo y Metepec, rechazó visiones que pretendan responsabilizar al Gobierno estatal por las conductas de los alcaldes, al recordar que los presidentes municipales fueron electos democráticamente y cuentan con atribuciones y responsabilidades definidas por la ley.
“Los alcaldes tienen un mandato otorgado por la ciudadanía y deben responder a él dentro del marco legal. Son autoridades autónomas con obligaciones específicas”, señaló.
Finalmente, Duarte Olivares reiteró que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantendrá una postura de respeto a la autonomía de las fiscalías y a la división de poderes, evitando prejuzgar mientras continúan las investigaciones.
En ese sentido, enfatizó que tanto la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, como el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, conservan plenamente sus derechos constitucionales, entre ellos la presunción de inocencia y el acceso a una defensa adecuada.
“Nadie puede ser considerado culpable sin una resolución de la autoridad competente. Tanto quien acusa como quien es señalado debe hacer valer los recursos legales que la ley establece”, concluyó.