A un año de iniciar funciones, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reporta más de 2 mil 600 asuntos resueltos, en un periodo marcado por la renovación de su estructura, la elección popular de ministros y una mayor concentración de los casos en el Pleno.
El actual Pleno comenzó actividades el 1 de septiembre de 2025, tras la primera elección popular de integrantes de la Corte en México. Con la reforma judicial, el máximo tribunal pasó de 11 a nueve ministros y desaparecieron las dos Salas que anteriormente distribuían los asuntos, por lo que ahora las decisiones jurisdiccionales se concentran en el Pleno.
Al frente quedó Hugo Aguilar Ortiz, quien asumió la presidencia después de obtener la mayor votación entre los candidatos, con 5 millones 900 mil 789 sufragios.
Durante este primer año, uno de los principales desafíos fue disminuir el rezago de expedientes. La nueva integración recibió más de mil 400 asuntos pendientes, algunos con varios años de antigüedad. De acuerdo con el balance presentado por la Presidencia, al finalizar agosto quedaban alrededor de 56 expedientes dentro de ese rezago.
En los primeros cinco meses de labores, el Pleno realizó 64 sesiones y emitió 898 resoluciones, como parte de la estrategia para agilizar los procedimientos pendientes.
CASOS FISCALES Y NUEVOS CRITERIOS
Entre las resoluciones de mayor impacto económico destacaron los litigios fiscales relacionados con empresas de Grupo Salinas. La Corte confirmó créditos fiscales que, en conjunto, superan los 48 mil 326 millones de pesos, además de resolver otros asuntos tributarios heredados de la anterior integración.
El máximo tribunal también estableció criterios sobre temas como lavado de dinero, comprobantes fiscales, violencia vicaria, abuso sexual infantil y extorsión.
Precisamente en este último tema, en agosto determinó que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión establecer los tipos penales y las sanciones relacionadas con la extorsión, por lo que invalidó disposiciones estatales que invadían esa facultad.
Otro de los ejes de las resoluciones fue la protección de los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. La Corte reconoció la posibilidad de que estas comunidades intervengan como terceras interesadas en controversias constitucionales cuando exista riesgo de afectación a sus derechos.
También estableció criterios relacionados con el acceso al agua de comunidades mayas de Hopelchén, Campeche.
SEGUNDO AÑO, CON ASUNTOS PENDIENTES
La nueva etapa de la Suprema Corte aún tiene asuntos de alto impacto constitucional por resolver. Entre ellos destaca la prisión preventiva oficiosa, cuya discusión podría llegar al Pleno durante 2026.
El desempeño de la actual integración también se mantiene bajo escrutinio, particularmente por la comparación con la Corte anterior y el debate sobre la autonomía del Poder Judicial tras la reforma.
Hugo Aguilar Ortiz calificó el balance del primer año como “sumamente positivo” y señaló que el siguiente reto será llevar la transformación al resto del Poder Judicial Federal, donde todavía existen cargas de trabajo y expedientes pendientes.
Con una estructura reducida, sin Salas y con todos los asuntos concentrados en el Pleno, la nueva Suprema Corte inicia su segundo año con el desafío de consolidar los cambios derivados de la reforma judicial y definir, mediante sus próximas resoluciones, el alcance de esta nueva etapa del máximo tribunal del país.