El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, informó que el Congreso local se mantiene a la espera de que el Poder Ejecutivo presente una iniciativa en materia de agua, con el propósito de armonizar la legislación estatal con la Ley General de Aguas y las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Explicó que, mientras tanto, las comisiones legislativas continúan con el estudio de dos iniciativas ya presentadas, las cuales buscan establecer un nuevo marco jurídico para regular el acceso, distribución, transporte y cobro del recurso hídrico en la entidad.
«Estamos esperando una iniciativa final del Ejecutivo para poder homologar y estamos trabajando en esas comisiones con esas iniciativas para poder sacar una», señaló el legislador.
Indicó que la propuesta que eventualmente remita el Gobierno estatal se integrará al análisis de los proyectos que actualmente se encuentran en comisiones, con el objetivo de construir un solo dictamen que responda a las necesidades de la entidad y al mandato federal.
La primera de las iniciativas fue presentada el 27 de febrero por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y plantea expedir una nueva Ley de Aguas del Estado de México. Entre sus principales objetivos se encuentran garantizar el acceso equitativo al agua, combatir el denominado «huachicoleo» del recurso y fortalecer la profesionalización de los organismos operadores municipales.
Dicha propuesta contempla 12 títulos y plantea desaparecer la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Comisión Técnica del Agua, para incorporar sus atribuciones como direcciones generales dentro de la Secretaría del Agua.
Al presentar esa iniciativa, la diputada Miriam Silva Mata afirmó que el propósito es evitar que el agua continúe tratándose como una mercancía o un instrumento político, además de impulsar la modernización tecnológica, una reestructura financiera y un nuevo esquema técnico y jurídico para la gestión del recurso.
La segunda iniciativa fue presentada en abril de 2026 por la diputada Carmen de la Rosa Mendoza. Su propuesta contempla reformas a 11 ordenamientos legales para conformar una legislación integral en torno al derecho humano al agua, así como establecer sanciones de entre cuatro y 12 años de prisión para quienes incurran en delitos relacionados con el recurso hídrico.